La Presidencia de la República es una magistratura moral
Cuando pensamos en el espectro de atribuciones que componen el ejercicio de la Presidencia de la República, podemos suponer que estas se agotan en el simple cumplimiento de un catálogo de atribuciones puramente normativas, de orden constitucional y legal.
Sin embargo, lo cierto es que supone (o debería suponer), además, el desempeño de lo que cabe llamar una magistratura moral: una misión no escrita, pero decisiva, en virtud de la cual quien ocupa la Presidencia influye permanentemente –para bien o para mal– en el tono del discurso público y, con ello, en la calidad de la convivencia democrática de la nación. Esa ha sido una parte consustancial del legado de quienes hoy recordamos como grandes estadistas de la historia: Winston Churchill, Konrad Adenauer, Nelson Mandela o Vaclav Havel, entre otros.
Desde su posición privilegiada, el presidente o la presidenta está llamado a promover la paz social, el diálogo respetuoso entre sectores sociales diversos, la serenidad frente a eventuales situaciones de crisis o incertidumbre, así como el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. También tiene un papel formativo: su conducta, su lenguaje y sus prioridades transmiten mensajes poderosos a las generaciones presentes y futuras sobre qué es aceptable en la vida pública.
Para ejercer esa magistratura moral, se requiere algo más que virtudes técnicas o eficacia administrativa. Se requieren cualidades éticas que confieran autoridad y credibilidad: mesura, respeto, responsabilidad con la palabra y capacidad de escucha. De esas cualidades depende, en buena medida, el clima del diálogo social, la cohesión interna del país, la tranquilidad pública e incluso la imagen que proyectamos hacia el exterior.
Esta no es una apreciación puramente subjetiva: la confianza ciudadana en las instituciones políticas en Costa Rica ha mostrado una tendencia a la baja en la última década, según encuestas regionales comparadas (Latinobarómetro, 2023), mientras los indicadores internacionales advierten que la calidad del debate público incide directamente en la fortaleza democrática (Freedom House, 2024).
Lamentablemente, la actual administración ha quedado seriamente en deuda en este plano. El intercambio productivo de ideas ha sido desplazado con frecuencia por la confrontación, al tiempo que el debate público se ha visto empobrecido por estilos y expresiones impropios de la dignidad del cargo.
Algunos defenderán ese tono como señal de fuerza, de autenticidad o de ruptura con viejos estilos; pero la experiencia demuestra que la chabacanería no fortalece la democracia, sino que la erosiona. Y envía una pésima señal a las generaciones jóvenes sobre la forma en que se ejerce la función pública.
Por eso, cuando vayamos a votar el próximo 1.° de febrero, conviene recordar que ese día no solo elegimos a quien administrará el Estado, sino también a quien marcará el tono moral del poder por el siguiente cuatrienio. Lo mismo vale para quienes aspiran a ocupar curules en la Asamblea Legislativa. Nuestro voto debe favorecer a quienes estén en mejores condiciones de restablecer la decencia, el señorío y el respeto institucional que exige la República.
Que se termine, de una vez, la pesadilla de estos últimos años. Y que podamos volver a respirar el aire limpio de la cordura y de la civilidad, con el orgullo legítimo de poder llegar a ser –otra vez– una democracia ejemplar ante el mundo.
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Christian Hess Araya es abogado e informático.