La Seguridad Social avisa: los fallos que pueden costarte la pensión de incapacidad permanente
Más de un millón de personas en nuestro país reciben una pensión por incapacidad permanente. Esta es una prestación que, en palabras de la Seguridad Social, "trata de cubrir la pérdida de ingresos que sufre un trabajador cuando por enfermedad o accidente ve reducida o anulada su capacidad laboral".
Aquellos que perciben una prestación por incapacidad permanente, total, absoluta o gran incapacidad han experimentado este año una revalorización de la ayuda del 2,7%. El aumento se traduce en una media de unos 32,7 euros mensuales y la pensión pasará a situarse en 1.244,18 euros al mes frente a los 1.211,48 euros mensuales que se percibían en el pasado curso. Esta subida ofrece cierto respiro frente a la inflación, aunque el impacto real varía en función de la base reguladora de cada beneficiario, de sus circunstancias familiares y del grado de incapacidad reconocido.
No obstante, al igual que cualquier otra pensión, esta ayuda puede ser retirada o incluso extinguirse en determinadas circunstancias. Uno de los motivos por los que la incapacidad permanente puede llegar a su fin es por una revisión de la incapacidad declarada con resultado de curación. Si los especialistas concluyen que las dolencias han remitido hasta el punto de permitir el desempeño de una actividad laboral, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) puede reducir el grado de incapacidad reconocido o, directamente, retirar la prestación. Estas evaluaciones suelen programarse cada dos años, aunque pueden adelantarse cuando existen indicios claros de evolución favorable.
La incapacidad permanente también puede verse comprometida cuando el beneficiario rechaza o abandona, sin una causa justificada, los tratamientos médicos prescritos durante la incapacidad temporal, así como los procesos de rehabilitación o readaptación profesional necesarios para su recuperación. A ello se suman otras causas menos conocidas como no presentarse a las revisiones médicas obligatorias o la detección de errores en la resolución inicial. En situaciones más graves, la Seguridad Social puede incluso suspender la prestación si acredita que ha existido una actuación fraudulenta para obtener o conservar el derecho a la misma.
Otros motivos para perder la prestación tienen que ver con reincorporarse al mercado laboral sin respetar las limitaciones médicas reconocidas. Aunque la Seguridad Social permite compatibilizar la pensión con un empleo, en el caso de la incapacidad permanente absoluta y gran incapacidad esta posibilidad solo existe cuando las funciones del puesto no entran en conflicto con la dolencia que originó la incapacidad. Aceptar un trabajo cuyas tareas sean similares a las que provocaron la baja o que contradigan de forma clara las restricciones médicas es, de hecho, una de las causas más habituales de retirada de la pensión.
Asimismo, la pensión puede extinguirse por reconocimiento de la pensión de jubilación (cuando se opte por la misma) y por fallecimiento del pensionista.