El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado abrir diligencias previas de investigación contra el ministro de Transportes, Óscar Puente , a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Libertad y Justicia que le imputa delitos de homicidio imprudente por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). El paso que da el juez es de trámite, y se da cuando se presenta un escrito en este tribunal, pero no supone que se haya abierto una investigación penal contra nadie. Según adelanta The Objective, y ha confirmado en fuentes jurídicas ABC, el magistrado, tal y como hizo con la querella contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero presentada por hazte Oír, ha recibido la denuncia y ha dado trasladado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que informe de la competencia de este tribunal especial . Las fuentes jurídicas auguran poco recorrido en la Audiencia Nacional a la denuncia habida cuenta que Puente es ministro y, como tal, tiene aforamiento ante el Tribunal Supremo , por lo que todo apunta a que puede no ser admitida en la Audiencia Nacional. Además, recuerdan que lo que ha hecho el juez es simple y llanamente dar traslado al Ministerio Público para que informe de la competencia y que este paso no supone abrir investigación. Se da la circunstancia, además, de que quien lidera las pesquisas sobre el trágico accidente ferroviario acaecido el pasado 18 de enero y en el que perdieron la vida 45 personas es la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) Plaza 2. De hecho, será una juez en su primer destino definitivo la responsable de la instrucción del primer accidente con víctimas mortales de la Alta Velocidad en España en sus 34 años de historia desde el estreno de la conexión entre Sevilla y Madrid en 1992. Cristina Pastor Recover fue nombrada hace escasos días como nueva titular del órgano judicial, tras publicarse la resolución de los destinos en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Su nombramiento se produjo dos días después del siniestro, informa Javier Gómez. En esos juzgados, de hecho, ya tratan de personarse diversas asociaciones para constar como acusaciones populares en las pesquisas, entre ellas Hazte Oír, Manos Limpias y Asociación Liberum. Por su parte, el partido político Vox presentó el pasado jueves una querella ante ese mismo juzgado contra la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y al actual presidente de la entidad pública, Marcos de la Peña, a los que acusa de una gestión negligente por la falta de mantenimiento en las infraestructura ferroviaria españolas durante su mandato. Concretamente, la querella presentada por la formación de Abascal acusa a la expresidenta y presidente de Adif de los delitos de homicidio imprudente por imprudencia grave, contra el derecho de los trabajadores, una infracción muy grave del deber de cuidado, prevaricación en la modalidad de comisión por omisión, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, y fraude y exacciones ilegales en su vertiente de intervención fraudulenta en contrataciones públicas o en liquidaciones de haberes públicos.
