¿La Credencial de Salud como póliza de acceso o un cheque sin fondos?
En los primeros años de un gobierno, el riesgo no siempre es dar “un golpe de timón” para cambiar de rumbo, sino que se pierda la esencia legitimada en las urnas. El reciente anuncio sobre la implementación del “Servicio Universal de Salud” (SUS) y su proceso de credencialización masiva exige un análisis en tres niveles simultáneos: el administrativo, el político y, el más doloroso, el social. En el primero, vemos un esfuerzo loable por ordenar el caos de datos; en el segundo, observamos las señales de una regresión tecnocrática; y en el tercero, advertimos el peligro de confundir al ciudadano con un simple usuario digital, transfiriéndole la responsabilidad de su salud en un sistema que no le garantiza la cura.
Es pertinente reconocer el acierto en la visión. Aspirar a un sistema de salud unificado, donde la portabilidad de la atención no dependa del estatus laboral del ciudadano, es el “Santo Grial” del bienestar moderno. La fragmentación histórica entre IMSS, ISSSTE y los servicios estatales de salud ha sido una fuente inagotable de ineficiencia y desigualdad. Que el gobierno coloque en la agenda nacional la interoperabilidad funcional de las instituciones es, en teoría, la ruta correcta. Sin embargo, en la administración de un país de 134 millones de habitantes, la visión sin presupuesto es un espejismo.
El plan presentado, que destina 3,500 millones de pesos a la emisión de credenciales y sistemas biométricos, promete que este documento será la “cara del derecho a la salud”. Bajo la lógica del Subsecretario Eduardo Clark, la digitalización y la identidad única permitirán que un derechohabiente del ISSSTE sea atendido en el IMSS o en el IMSS-Bienestar y viceversa, eliminando barreras burocráticas. La credencial sí le “pone cara” al derecho, pero esa cara es la de un cheque sin fondos.
La credencial es un token de autenticación, no un instrumento de financiamiento. Al afirmar que la credencial sirve "para garantizar que (...) tengamos la garantía de acceso“, el Subsecretario Clark incurre en lo que en teoría de sistemas se llama “falacia del boleto de entrada”.
Es como si una aerolínea sobrevendiera un vuelo. Tú tienes tu pase de abordar (la credencial) y llegas a la puerta (la clínica), pero el avión está lleno (no hay camas) o no tiene combustible (no hay medicinas). ¿Tu pase de abordar garantizó tu vuelo? No. Solo garantizó tu derecho a formarte en la fila de reclamaciones.
Para que lo expresado por el Subsecretario sea real (“acceso a todas las instituciones”), se requiere resolver la Portabilidad Financiera (el quién paga la cuenta).
La Trampa Neoliberal de 1997 y 2007
Más allá de la forma, el fondo financiero es el verdadero talón de Aquiles. La propuesta de “intercambio de servicios” universal choca frontalmente con la arquitectura jurídica vigente. No podemos olvidar que el IMSS y el ISSSTE operan bajo leyes (reformas de 1997 y 2007) de naturaleza profundamente neoliberal, cuya principal repercusión han sido el desfinanciamiento crónico del Seguro de Enfermedad y Maternidad del IMSS, así como del Seguro de Salud del ISSSTE (110 mil y 15 mil mdp de déficit en el 2024, respectivamente).
Estas leyes protegen las reservas técnicas y las cuotas obrero-patronales para uso exclusivo de los cotizantes. Pretender que estas instituciones, absorban la demanda de la población abierta sin una reforma a las leyes de 1997 y 2007, será una simulación financiera que terminará subsidiando al Estado con el dinero de las pensiones y cuotas de los trabajadores, o bien, degradando el servicio para todos.
Presupuesto para la salud sin fondos suficientes
La “Cámara de Compensación” prometida para pagar los cruces de atención entre instituciones es, hoy por hoy, inaplicable. ¿Cómo se financiará este intercambio de servicios cuando las recientes reformas a la Ley General de Salud y el decreto presupuestal operan bajo una lógica de “suma cero”? El Artículo 77 bis 8 obliga a las instituciones a compensar los gastos, pero los transitorios del mismo decreto prohíben explícitamente ampliaciones presupuestales para este fin. Estamos ante la figura de un “Mandato sin Fondeo”.
La credencialización corre el riesgo de convertirse en una maniobra estadística brillante pero sanitariamente estéril. Al dotar de un plástico a 134 millones de mexicanos, el gobierno podrá reducir drásticamente el indicador de “Carencia por acceso a servicios de salud” en las próximas mediciones de CONEVAL. Estadísticamente, habrá cobertura universal; operativamente, la credencial garantiza la “admisibilidad administrativa” (entrar al edificio, más no acceso efectivo), pero no la “resolución clínica” (recibir el tratamiento).
La tecnocracia ha regresado a la toma de decisiones, no para maximizar el mercado, sino para administrar la austeridad. Y en salud, la austeridad administrativa suele pagarse con dolor social. ¿Existirá la sensibilidad y el valor político de reformar el financiamiento para que esos plásticos realmente valgan algo?
La credencial es una herramienta administrativa que no resuelve la crisis operativa. “¿Por qué en lugar de gastar en credenciales, no levantan, aunque sea una clínica bien equipada del IMSS?” (Rayuela de la jornada 22/01/2026).