La desactivación de la condena impuesta al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz está plenamente encauzada. El primer paso lo dio su sucesora, Teresa Peramato, mediante una rehabilitación profesional: nombrar a García Ortiz para la sección de la Fiscalía de lo Social del Tribunal Supremo, a pesar de estar condenado por un delito doloso. El segundo paso acaba de iniciarse: el indulto político. Unos particulares han solicitado al Gobierno que indulte a García Ortiz y lo hará, porque es un pulso al Supremo que La Moncloa tiene ganado, aunque el indulto sea parcial, gracias a la ley de 1870, cuya antigüedad no incomoda a Bolaños. Eso sí, para que el indulto sea total, la Sala Segunda tendrá que apreciar «razones de justicia, equidad o utilidad pública», algo difícil de ver en el juego sucio de García Ortiz con sus funciones institucionales. Y quedará, para más adelante, el amparo que le conceda el Tribunal Constitucional, tan laxo, como acaba de demostrar, con la arbitrariedad en la Fiscalía.
