Educo denuncia que la figura del coordinador de bienestar no se ha aplicado de forma "real" en las aulas
El impacto real de la figura del coordinador de bienestar es "muy limitado" por falta de tiempo, formación y compensanción económica, a pesar de estar presente en la mayoría de centros educativos. Así lo revela el nuevo informe de Educo 'Más allá del papel: Progresos y retos en la implantación de la coordinación de bienestar y protección en centros educativos', que analiza los avances normativos y los retos persistentes en la implantación de esta figura clave para prevenir y detectar la violencia contra la infancia.
La ONG recuerda, con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, que la escuela "no solo enseña", sino que también cuida, protege y acompaña, "ya que sin bienestar no hay aprendizaje". Por ello, la figura del coordinador de bienestar y protección "es esencial" para prevenir y detectar la violencia (acoso escolar, intrafamiliar, sexual, etc.), Sin embargo, advierte de que, cuatro años después de la aprobación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), este rol, aunque presente en la mayoría de los centros educativos, tiene un impacto real muy limitado.
Mónica Viqueira, especialista en Protección de Educo, defiende que el coordinador de bienestar "permite detectar lo que a veces no se ve, como cambios de conducta o relaciones dañinas; es decir, alertas tempranas que, si no se atienden, pueden convertirse en situaciones graves. Necesita tiempo, formación y apoyo para poner en marcha medidas muy claras: enseñar a la comunidad educativa a detectar señales, activar protocolos a tiempo, coordinarse con servicios sociales y sanitarios y abrir canales de confianza con el alumnado y las familias. Si esto no existe, la figura se queda en el papel".
Diferencias territoriales
El informe destaca desigualdades territoriales en la implantación de la figura del coordinador de bienestar en los centros educativos. No existe una normativa uniforme en todo el Estado: mientras que algunas comunidades establecen horas mínimas y requisitos específicos, otras solo emiten circulares.
La disponibilidad horaria es insuficiente en muchos centros, que en muchos casos depende de decisiones internas del centros, con grandes diferencias entre regiones: Canarias, Cantabria y Extremadura establecen tramos de disponibilidad horaria vinculados al tamaño del centro (de 2 a 5 horas semanales), mientras que otras como Aragón, Madrid, Murcia o Castilla-La Mancha asignan una bolsa general de horas que los equipos directivos distribuyen a su propio criterio. Asturias ha ampliado recientemente las horas asignadas a esta figura, y Galicia permite asignar hasta dos sesiones lectivas y dos complementarias fijas. Sin embargo, en territorios como Andalucía, Baleares, Navarra, Ceuta y Melilla no se establece ni un mínimo de tiempo, lo que compromete la capacidad real de esta figura para cumplir su función.
Asimismo, la falta de compensación económica y la ausencia de un perfil homogéneo agravan la desigualdad: solo Canarias, Cataluña y Galicia contemplan un complemento retributivo, y los criterios para asumir el puesto varían mucho, lo que genera disparidad en la cualificación y experiencia de quienes desempeñan esta función.
Conocimientos mínimos y recursos
Viqueira subraya que la figura del coordinador de bienestar no puede limitarse a un nombramiento formal: requiere conocimientos mínimos, tiempo, formación y recursos para cumplir su función de protección de la infancia y adolescencia.
Educo destaca que aunque la formación es el ámbito que más ha mejorado a lo largo de estos cuatro años de implementación, y existen itinerarios completos y personalizados en Cataluña; cursos obligatorios de 40 horas y niveles de profundización en Madrid , o módulos vinculados a un autodiagnóstico del centro en País Vasco, muchas de estas iniciativas siguen centradas en la capacitación básica y no alcanzan el nivel de profundidad, continuidad y especialización necesario. Además, la educación infantil de 0 a 3 años y las enseñanzas de régimen especial permanecen prácticamente excluidas, dejando sin protección a una gran parte de la infancia, sobre todo en escuelas privadas.
El informe también denuncia la falta de mecanismos de rendición de cuentas y coordinación externa con servicios sociales, sanitarios y cuerpos de seguridad, así como la falta de estándares internacionales de protección infantil en la mayoría de las normativas. Viqueira advierte que "no basta con reaccionar ante la violencia; hay que prevenirla. Y eso requiere planificación, coordinación y compromiso político. Y urge porque la violencia contra la infancia es un problema grave y creciente. Sus secuelas se arrastran toda la vida ocasionando problemas de salud mental, trastornos alimentarios, adicciones, autolesiones o suicidios".