Ante la regularización de inmigrantes en situación irregular que nuestro Gobierno va a llevar a cabo, es necesario hacer una puntualización muy importante. Según el presidente Sánchez, no se regularizará a ningún inmigrante con antecedentes penales, pero no menciona otros antecedentes, como los policiales. Me explico: una persona puede ser detenida por cometer un delito y llevada ante el juez, donde declara y, salvo casos graves, se le deja en libertad mientras espera juicio. Desde ese momento, se trata de un presunto delincuente con antecedentes policiales en espera de juicio. Y todos sabemos, dada la situación de los juzgados, que hasta la celebración de la vista oral pueden pasar dos o tres años. Durante ese tiempo, y está documentado, ese presunto delincuente puede cometer decenas o incluso más de un centenar de delitos, sin haber pasado siquiera por su primer juicio. Lo que conocemos como multirreincidentes. A pesar de esta conducta delictiva, sigue sin tener antecedentes penales, que serían los que le impedirían obtener la residencia. Por tanto, es una falacia y una irresponsabilidad considerar únicamente los antecedentes penales, sin tener en cuenta los policiales ni los de su país de origen. Este nuevo 'bote de humo' no tapará las vergüenzas del Gobierno, pero sí nos seguirá exponiendo a tener entre nosotros a personas indeseables. La política migratoria debe ser de consenso europeo y contemplar la llegada ordenada de personas honradas, con ganas de aportar y sumar a nuestra sociedad. Al igual que no dejaríamos entrar a cualquiera en nuestro hogar, deberíamos actuar de la misma manera con nuestro país, porque la convivencia en paz es la base de una sociedad de progreso. Guillermo Moya Torres. Esplugues (Barcelona)
