La Asociación de Distribución de Alimentos y Bebidas (Asedas) y La Distribución Anged han advertido de las «graves consecuencias» que, a su juicio, tendrá la regulación dispar de la venta de bebidas energéticas en Galicia y Asturias. Ambas consideran que supone una ruptura injustificada de la unidad de mercado y crea inseguridad jurídica, tanto para las empresas como para los consumidores. Galicia aprobó el pasado 7 de enero la Ley de Protección de Personas Menores y Prevención de las Conductas Adictivas, que fija en 18 años la edad mínima para el consumo de bebidas energéticas. Asturias, por su parte, está a punto de aprobar una norma específica que sitúa esa edad mínima en los 16 años. Para las asociaciones del sector, esta diferencia provocará situaciones «difícilmente explicables», como que un joven de 17 años pueda adquirir este tipo de productos en un municipio asturiano y no hacerlo en otro gallego situado a escasos minutos. En un comunicado, Asedas y Anged subrayan que la imposición de límites de edad debería basarse en criterios científicos y de salud pública homogéneos. «Si existen razones suficientes para fijar una edad mínima, no se entiende que no sea la misma en todo el territorio», señalan, alertando de que esta fragmentación normativa derivará en nuevas cargas burocráticas para la distribución y en confusión para los consumidores. Uno de los ejemplos que ponen sobre la mesa es la gestión en las líneas de caja. En Asturias, el personal tendría que comprobar dos edades distintas en función del producto —16 años para bebidas energéticas y 18 para alcohol— basándose en la fecha de nacimiento del DNI; complejidad que, subrayan, «recae exclusivamente sobre los distribuidores». Especial rechazo genera en el sector la prohibición prevista en la futura norma asturiana de adquirir bebidas energéticas cuando el comprador adulto vaya acompañado de un menor. Las asociaciones consideran que se trata de una medida sin precedentes en España y una «invasión de la esfera privada». En la práctica, apuntan, un adulto podría comprar alcohol sin limitación alguna, pero no una bebida energética si va con sus hijos, lo que augura conflictos con los clientes y dificultades al aplicar la normativa.
