Unas 70 personaciones y denuncias por el accidente de Adamuz aguardan ya sobre la mesa del Tribunal de Instancia de Montoro

La Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) Plaza 2 tiene ya sobre la mesa en torno a 70 personaciones y/o denuncias sin proveer sobre su admisión o no y sin darle traslado, por tanto del avance de la investigación, a las representaciones legales de las víctimas sobre el accidente ferroviario que ha costado la vida a 45 familias y ha dejado heridas a más de un centenar, según ha podido constatar ABC. Este juzgado que se convierte en el epicentro judicial de la macrocausa que va cogiendo un volumen importante tiene como jueza sustituta a María del Carmen Troyano, al que le ha correspondido el caso porque era el órgano judicial que estaba de guardia en el momento del accidente el pasado domingo 18 de enero. Troyano ha tenido la compleja tarea hasta ahora del levantamiento de los cadáveres de los fallecidos y posterior autorización de las autopsias, identificaciones y entrega de los cuerpos a los familiares pero ahora el avance de la investigación parece estar estancado hasta la llegada de la nueva jueza una vez tome posesión del cargo, Cristina Pastor Recover, prevista para el próximo 9 de febrero. En poder de la jueza interina está el primer atestado de la investigación que presentó hace días la Guardia Civil, que no incluye conclusiones sobre la hipótesis de qué ocurrió en el accidente ferroviario de Adamuz. La Guardia Civil reclamó que las diligencias fueran secretas pero el Ministerio Público se opuso al igual que la juez. «Sin perjuicio que en el futuro y en función de las circunstancias pueda solicitarse», remarcaron en su escrito Mientras tanto, el pasado martes una resolución judicial paralizaba la apertura de las cajas negras, registros y las grabaciones de los dos trenes Iryo y Alvia siniestrados prevista para esa jornada en la sede del Ministerio de Transportes tras la petición urgente el lunes de la Fiscalía de Córdoba que alegaba que debía ser esa apertura de las pruebas en el propio Tribunal de Instancia de Montoro, lo que permitiría al fiscal del caso estar presente. No así si se abría en Madrid como estaba previsto en un principio donde sólo lo harían los investigadores de la Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) junto una comisión judicial -un letrado de la Administración de Justicia y en su caso un juez de un Juzgado de Instrucción de la capital madrileña. De momento, el juzgado cuenta ya con un avance del informe de la Guardia Civil en el que se incluyen 2.500 fotografías de las evidencias que localizaron en el lugar de los hechos los especialistas de Criminalística. El atestado también incorpora los vídeos de los drones y los helicópteros del Instituto Armado. El documento también contiene la declaración del maquinista del Iryo que se tomó tras las primeras jornadas del suceso.