La nueva ley del Gobierno sacude el negocio de las tarjetas de crédito
El Ejecutivo ha aprobado el anteproyecto de la nueva Ley de Crédito al Consumo, una norma que redefine de manera profunda las reglas del juego en la concesión de financiación. El texto, impulsado desde el Ministerio de Economía, introduce límites claros a prácticas comerciales que llevaban décadas integradas en la operativa bancaria y que habían generado miles de reclamaciones por parte de los usuarios. La iniciativa puede consultarse en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, donde se detalla el alcance de la reforma.
La ley no se limita a ajustes técnicos. Supone un cambio estructural en la relación entre bancos y clientes, especialmente en todo lo relacionado con las tarjetas de crédito, los préstamos rápidos y las fórmulas de pago aplazado que se han popularizado en los últimos años. El objetivo declarado es reforzar la protección del consumidor y reducir los riesgos de sobreendeudamiento.
El fin de una práctica habitual en la banca
A partir de la entrada en vigor de la nueva normativa, ninguna entidad podrá conceder crédito si el consumidor no lo ha solicitado de forma expresa. Esto incluye la emisión de tarjetas de crédito, el aumento de los límites disponibles o la activación de nuevas líneas de financiación asociadas a productos ya existentes.
El anteproyecto es explícito: se prohíbe cualquier concesión de crédito que no cuente con el consentimiento previo, claro y verificable del cliente. La medida cierra la puerta a prácticas que permitían a las entidades ampliar límites o activar financiación como parte de campañas comerciales internas, sin una aceptación formal por parte del usuario.
Qué cambia para las tarjetas de crédito
En el caso concreto de las tarjetas de crédito, el impacto es directo. Los bancos ya no podrán enviar tarjetas no solicitadas ni activar funciones de crédito asociadas a tarjetas de débito sin que exista una petición expresa del cliente. Tampoco será posible aumentar el límite disponible sin un trámite previo de aceptación.
Hasta ahora, muchos usuarios descubrían estas ampliaciones al revisar los extractos mensuales o tras recibir comunicaciones genéricas. Con la nueva ley, cualquier modificación en las condiciones de crédito deberá quedar documentada y aceptada de forma inequívoca.
Ofertas sí, activaciones no
La norma no prohíbe que las entidades sigan ofreciendo productos financieros. Los bancos podrán enviar propuestas comerciales, simulaciones de préstamos o tarjetas preconcedidas, siempre que estas no se activen automáticamente. La diferencia clave está en que la iniciativa final deberá partir del consumidor.
Este matiz permite mantener las campañas comerciales tradicionales, pero elimina la posibilidad de que una oferta se convierta en deuda sin una acción expresa del cliente. La aceptación deberá ser clara, específica y separada de otros contratos o servicios.
Extensión de la ley a nuevos modelos de pago
El alcance de la reforma va más allá de la banca tradicional. La nueva Ley de Crédito al Consumo incorpora por primera vez a los modelos de pago aplazado conocidos como buy now, pay later, cada vez más presentes en el comercio electrónico. También quedan incluidos los microcréditos y los préstamos rápidos ofrecidos por plataformas digitales.
Cualquier empresa que ofrezca financiación al consumo con intereses deberá estar supervisada o colaborar con un intermediario regulado. Esta exigencia busca evitar que comercios o empresas tecnológicas actúen como prestamistas al margen de los controles financieros.
Límites al coste del crédito y a las tarjetas revolving
Otro de los pilares de la norma es el control del coste del dinero. El anteproyecto introduce referencias para frenar prácticas cercanas a la usura, con especial atención a las tarjetas revolving, un producto que ha concentrado un elevado número de litigios por intereses desproporcionados.
La ley refuerza además las obligaciones de transparencia. Las entidades deberán informar de forma más clara sobre el coste total del crédito, las comisiones aplicables y el impacto real de los pagos aplazados. El objetivo es que el consumidor comprenda plenamente las consecuencias económicas antes de firmar.
Un cambio estructural para clientes y entidades
La nueva regulación marca un punto de inflexión. Para los bancos, implica revisar procesos internos y adaptar sus estrategias comerciales a un marco más restrictivo. Para los consumidores, supone mayor control sobre las decisiones financieras y una reducción de los riesgos asociados a créditos no deseados.
Las tarjetas de crédito seguirán existiendo y podrán seguir ofreciéndose, pero el modelo cambia: la iniciativa pasa al cliente. El Gobierno consolida así un giro normativo que busca equilibrar la relación entre usuarios y entidades financieras en un contexto de creciente uso del crédito al consumo.