Decreto 5534 garantiza precio del GLP con subvención por seis meses
El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5534 con el objetivo de mantener el precio final del Gas Licuado de Petróleo (GLP) para los consumidores, mediante la definición detallada de la cadena de precios y la autorización de mecanismos de subvención temporal a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La norma se sustenta en la Constitución Política del Estado y en la Ley de Hidrocarburos, que establecen que el sector debe garantizar el abastecimiento interno, la seguridad energética y el acceso equitativo a los hidrocarburos como servicios públicos. En ese marco, el decreto se articula con el Decreto Supremo 5516, que dispuso la estabilización de precios de los combustibles derivados del petróleo en el mercado interno.
Decreto 5534
El Decreto 5534 establece la estructura de precios para el GLP producido en Plantas (GLPP) y en Refinerías (GLPR), fijando precios de referencia que se mantienen en $us 16,91 por barril para el GLP de plantas y $us 27,11 por barril para el GLP de refinerías. A partir de estos valores, se detallan los componentes de la cadena, como márgenes de transporte, almacenaje, distribución mayorista y minorista.
Con el fin de evitar un incremento en el precio que pagan las familias bolivianas, la norma autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a emitir Notas de Crédito Fiscal (Nocres) endosables a favor de YPFB, como compensación por los descuentos aplicados en la comercialización del GLP. Esta subvención tendrá una vigencia de hasta seis meses desde la publicación del decreto.
En el caso del GLP producido en plantas, la subvención cubrirá un monto de 0,84 bolivianos por kilogramo para garrafas de 10 kilos. Para el GLP producido en refinerías, la subvención será parcial y alcanzará a 0,70 bolivianos por kilogramo, permitiendo mantener el precio final en Bs 2,25 por kilo.
El decreto también introduce modificaciones a disposiciones transitorias de normas anteriores, con el objetivo de ajustar el marco de libre acceso a la infraestructura de hidrocarburos y precisar aspectos operativos que deberán ser reglamentados mediante resoluciones ministeriales en plazos establecidos.
Con esta medida, el Órgano Ejecutivo busca asegurar la continuidad del abastecimiento de GLP, preservar el poder adquisitivo de la población y sostener la política de estabilidad de precios, en un contexto de sostenibilidad fiscal y eficiencia económica.
La decisión se produce en medio de presuntas dificultades de provisión de garrafas de GLP en algunas zonas, lo que provocó el temor de una posible importación del gas a precios más elevados.
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