Extorsión parlamentaria, por René Gastelumendi
La política peruana ha perfeccionado el cinismo: convertir la Constitución en un chicle que se estira o se encoge según el hambre de poder del momento. La tan mentada figura de la "incapacidad moral permanente" es lo que revela el alma de esa hipocresía. Desde que Keiko Fujimori perdió las elecciones en el 2016, esta dejó de ser una cláusula de emergencia para convertirse en una guillotina que pende, perpetuamente, sobre cualquier inquilino de Pizarro. Señalar esta perversión no es defender a nadie. Pedro Castillo fue un desastre indiscutible, un cúmulo de torpezas y corruptelas que terminó como debía. El punto aquí no es la caída de un inepto, sino la impostura de quienes hoy manejan la soga.
El núcleo del problema es lo pornográfico que es su doble rasero. En el Perú actual, la moralidad no se mide por la ética, sino por la aritmética. Si tienes los votos, eres un baluarte de la estabilidad; si no los tienes, eres un paria moral. Es una "ética de la conveniencia" donde las maromas interpretativas permiten perdonar un "Chifagate" o blindar a aliados cuestionados, mientras se usó un purismo implacable y disforzado con otros. Hemos convertido el juicio político en una miscelánea en la que ingresa cualquier berrinche o interés subalterno, despojándolo de toda seriedad jurídica. Lo "político" se ha vuelto la excusa para el atropello de vacar o no vacar, dependiendo solo de su sumisión.
Esta situación es una anomalía total en el mundo occidental. Mientras que en democracias serias el impeachment exige delitos específicos y procesos traumáticos de doble instancia para no quebrar la voluntad popular, en el Perú se ha instaurado un parlamentarismo de facto con la vacancia . En otros países, la estabilidad es un valor real; aquí, es el disfraz de la impunidad mutua. Al haber limitado también la cuestión de confianza, el Congreso ha roto el equilibrio de poderes, quedando con licencia para disparar sin riesgo de réplica.
El resultado es una democracia secuestrada. En un país asolado por la delincuencia, la peor extorsión parece venir de sus propios representantes. El próximo presidente entrará a Palacio sabiendo que su cargo es un arrendamiento precario sujeto al humor de las bancadas. No se gobernará para el país, sino para sobrevivir al próximo jueves de pleno. La vacancia ya no es un mecanismo de control, es un arma de extorsión institucional. Mientras la ley se aplique según el color del carnet, seguiremos en esta farsa donde los más inmorales son, precisamente, quienes deciden quién tiene la moral suficiente para gobernar.