OIJ allana casas y taller por estafas y fraude registral: dos detenidos por perjuicio de ¢48 millones y $29.000
Agentes de la Sección Especializada de Estafas y Fraude Registral del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron la mañana de este martes tres allanamientos —dos viviendas y un taller— como parte de una investigación por el presunto delito de estafa.
Las diligencias se realizaron en Río Conejo, Corralillo de Cartago, y en San Sebastián, San José, donde fueron detenidos dos hombres de apellidos Campos, de 57 años, y Villalobos, de 46 años.
De acuerdo con la información preliminar, ambos figuran como sospechosos de participar en al menos 14 causas ocurridas entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, en sectores de San José como Acosta, La Uruca y Guadalupe, en perjuicio de distintos comercios.
El OIJ indicó que el perjuicio económico atribuido a este caso asciende a ¢48 millones y $29.000.
Según la investigación, las víctimas incluyen negocios dedicados a la venta de artículos diversos, como insumos para piscinas, ferreterías, licoreras y locales donde venden llantas, entre otros.
El modo de operar, en apariencia, consistía en contactar a los comercios para solicitar una cotización por productos específicos y luego indicar que el pago se realizaría mediante transferencia bancaria o depósito en una sucursal.
Sin embargo, las autoridades señalan que presuntamente enviaban a una persona a depositar un cheque en una entidad bancaria, el cual habría sido emitido desde una cuenta cerrada.
Posteriormente, los sospechosos enviaban el comprobante del depósito al comercio.
Una vez que el negocio recibía el comprobante y verificaba que el dinero parecía reflejarse, entregaba los artículos.
Días después, la entidad bancaria contactaba al comercio para informar que el cheque fue devuelto por pertenecer a una cuenta cerrada, momento en el que los afectados se percataban de la estafa.
Los agentes continúan con la revisión de los sitios allanados en busca de evidencia relacionada con el caso. Los detenidos quedarán a la orden del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.