La fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró, se reunió este martes con el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, para ahondar en la mejora de la convivencia y en el cumplimiento de los derechos fundamentales y de la legalidad en los centros educativos de la comunidad autónoma. El encuentro sirvió para poner en común preocupaciones compartidas y reforzar la cooperación institucional en un ámbito, la lucha contra el acoso escolar, prioritario por ambas partes. Fiscalía y Xunta se comprometieron, por ejemplo, a colaborar para dar mayor visibilidad a la realidad existente en los centros educativos, ponderando de forma equilibrada el interés superior del menor y la necesaria protección de los docentes. Sobre la protección de los menores ya se había referido la fiscal superior cuando en noviembre tomó posesión del cargo: «Seremos un escudo frente al bullying», dijo entonces. En un comunicado posterior, la Fiscalía insistió en que su colaboración con la Xunta en el ámbito educativo pasa por la lucha contra el acoso escolar, la p revención del absentismo y el respaldo al profesorado en el ejercicio de sus funciones. En la reunión de trabajo, celebrada en la Consellería de Educación, en Santiago, también participaron el secretario general técnico del departamento autonómico, Manuel Vila, y la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández. Según señaló Eiró tras el encuentro, «el bienestar de los menores y el cumplimiento de sus derechos, así como también de sus deberes como niños, es una prioridad para la Fiscalía». Estas actuaciones, añadió la máxima responsable del Ministerio Público en Galicia, deben desplegarse en todos los ámbitos del sistema educativo, con especial atención a los centros situados en el rural, donde existen singularidades que requieren respuestas específicas. La fiscal superior subrayó igualmente la necesidad de ampliar el foco de actuación a los docentes, ya que «son en ocasiones la cara no visible de los acosos». En este sentido, mostró su apoyo a la creación de la nueva Oficina de atención al profesorado que impulsa la Xunta. A su juicio, este recurso contribuirá a mejorar la convivencia dentro de la comunidad educativa y, sin duda, a una aplicación más eficaz de los protocolos existentes, vigentes en los centros educativos gallegos.
