Yolanda Díaz y las empresas: el plan que cambiará quién manda en los consejos
El Ministerio de Trabajo ha presentado el informe elaborado por un grupo de académicos que servirá de base para la futura ley de democracia empresarial. El texto, coordinado por la profesora Isabel Ferreras, marca un punto de inflexión en el modelo de gobierno corporativo y se apoya en el artículo 129 de la Constitución española, que insta a los poderes públicos a promover la participación de los trabajadores en la empresa. El precepto constitucional puede consultarse en el texto oficial de la Constitución Española.
El objetivo del informe es doble: reforzar la voz de los empleados en la toma de decisiones estratégicas y facilitar su acceso a la propiedad de las empresas. Ambos elementos se plantean como pilares inseparables de un nuevo modelo que el departamento que dirige Yolanda Díaz quiere reactivar en febrero mediante una norma con rango de ley.
Un nuevo reparto del poder en los consejos
El documento propone introducir una representación mínima de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas. Esta presencia no se plantea como simbólica, sino con capacidad real de influencia en las votaciones y en la orientación estratégica de las compañías.
La propuesta establece que los empleados puedan contar con una parte significativa de los votos en los órganos de decisión. El porcentaje concreto se negociaría en los convenios colectivos de cada sector, pero el texto prevé un mecanismo automático para evitar bloqueos en caso de falta de acuerdo.
Qué ocurre si no hay pacto entre empresa y plantilla
Los expertos anticipan que en muchos casos no se alcanzará un consenso entre las partes. Por ello, el informe fija un sistema supletorio que entraría en vigor si en un plazo de dos años no se logra un acuerdo en la negociación colectiva.
En las empresas o grupos empresariales con entre 50 y 1.000 trabajadores, la norma otorgaría a los empleados un tercio de los asientos y de los votos en el consejo de administración. En las compañías de mayor tamaño, el peso de los trabajadores sería aún mayor, con hasta la mitad de los asientos y del poder de decisión.
Los consejeros laborales y su designación
El texto introduce la figura de los llamados consejeros laborales, que serían los representantes de la plantilla en los consejos de administración. Su designación correspondería a los propios trabajadores, bien a través del comité de empresa o mediante un sistema de elección acordado en el convenio colectivo.
El informe fija también las condiciones mínimas que deberían cumplir estos representantes. Se plantea que tengan un contrato indefinido y una antigüedad de al menos seis meses en la empresa, con el fin de garantizar su vinculación real con la plantilla.
Límites al cese y protección del cargo
Una vez nombrados, los consejeros laborales no podrían ser cesados de forma unilateral por la empresa. El documento propone que su destitución solo sea posible mediante acuerdo de la representación de los trabajadores, reforzando así su independencia frente a la dirección.
Este punto implicaría una modificación directa de la Ley de Sociedades de Capital, que actualmente no contempla este tipo de figuras ni establece requisitos específicos para la representación laboral en los consejos.
Acceso de los trabajadores al capital de la empresa
Además de la participación en la toma de decisiones, el informe dedica un apartado clave al acceso de los empleados a la propiedad de las compañías. La idea es avanzar hacia un modelo en el que los trabajadores no solo tengan voz, sino también una participación económica directa.
De nuevo, los convenios colectivos serían el instrumento preferente para acordar los mecanismos y porcentajes de participación. Sin embargo, el texto fija mínimos obligatorios en ausencia de pacto.
Porcentajes de capital según el tamaño empresarial
En las empresas con entre 25 y 1.000 trabajadores, se plantea la puesta en marcha de planes que garanticen que los empleados posean al menos un 2% del capital social. En las compañías que superen ese umbral, el porcentaje mínimo ascendería al 10%.
Estos planes podrían articularse a través de fórmulas diversas, como acciones reservadas a empleados o instrumentos de participación colectiva, siempre bajo el paraguas de la negociación colectiva.
Un índice para medir la democracia empresarial
El informe va más allá de la representación y la propiedad y propone la creación de un índice de desarrollo democrático empresarial. Este indicador permitiría clasificar a las compañías en función del grado de participación de los trabajadores en la gestión y del porcentaje de capital en manos de la plantilla.
La clasificación serviría de base para un sistema de incentivos y penalizaciones. Las empresas más avanzadas en este modelo podrían beneficiarse de ventajas, mientras que las que se mantengan al margen podrían afrontar un sistema de desincentivos.
La iniciativa impulsada por Yolanda Díaz busca así redefinir la relación entre capital y trabajo en España, con una reforma que, de materializarse, alterará de forma estructural el funcionamiento interno de miles de empresas y el papel de los trabajadores en sus órganos de poder.