La propuesta de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años invita a preguntarse si estamos ante una política educativa o ante una reacción defensiva. La iniciativa de La Moncloa vuelve a situar en primer plano el debate de qué hacemos, como sociedad, con las herramientas que definen nuestro tiempo. Resulta llamativo comprobar cómo en este contexto ciertos discursos insisten en demonizar de forma casi automática las redes sociales –y, por extensión, la inteligencia artificial– contraponiendo la experiencia digital actual al ideal de una supuesta pureza anterior. Esta posición incurre en una triple amnesia. Olvida que muchas de las advertencias sobre los riesgos de lo digital circulan gracias –y, a lomos– de los mismos canales que demonizan; olvida que toda innovación relevante ha despertado históricamente temores similares, desde la imprenta a la televisión; pero, sobre todo, desplaza la responsabilidad desde donde debería situarse: la educación. Culpar al medio tecnológico resulta más sencillo que asumir la tarea, mucho más exigente, de formar a niños y adolescentes en un uso crítico, consciente y humano de herramientas que ya forman parte de su mundo. Prohibir puede tranquilizar. Educar, en cambio, prepara. Juan Díaz García. Málaga El pasado martes anunció Pedro Sánchez medidas para proteger a los niños del mundo digital. Otro anuncio repetido, como los habituales que hace el presidente del Gobierno sobre vivienda e inmigración. En fecha 3 de diciembre de 2024, el Consejo de Ministros anunció cien medidas y cincuenta experto! para proteger legalmente a los menores de los entornos digitales. Por supuesto, no se ha aprobado la ley para proteger a los niños, que sigue como la ley de Presupuestos para 2026: totalmente parada en el Parlamento. Y, por supuesto, a los cincuenta expertos nadie ha vuelto a verlos. Además, el doctor Sánchez olvida que los niños que desean cambiarse de sexo y hormonarse a temprana edad buscan información, precisamente, en los entornos digitales, para escapar de las perniciosas presiones familiares, que ven mal las lesiones genitales en sus hijos tan pequeños. Ahora Sánchez los quiere desamparar, prohibiendo a los menores de 16 años el acceso a las redes. José Luis Gardón. Madrid La exigencia de hasta diez años de empadronamiento continuado para acceder a la vivienda protegida en la Comunidad de Madrid va a provocar un grave problema. Muchos de nosotros ya estamos en cooperativas a las que hemos aportado cantidades muy grandes de dinero y ahora no sabemos si nos van a dar nuestras casas. Esta medida está excluyendo a muchísimas personas, personas que viven, trabajan y contribuyen en Madrid, pero que quedan fuera por un requisito administrativo desproporcionado. Adrián González. Madrid
