La Audiencia de Valladolid sienta en el banquillo el próximo día 12 de febrero a un agente de la Guardia Civil al que se acusa de u n delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos por, supuestamente, fisgar en el fichero INTPOL, la base de datos policial, la situación de la persona a la que había arrendado un piso, tanto antes de firmar el contrato con su arrendatario como a posteriori cuando se demoró en el pago del alquiler. Fiscalía solicita para el agente M.V.M. una condena de tres años y medio de cárcel, multa de 7.200 euros y su inhabilitación para el ejercicio de la profesión por espacio de nueve años, según informan a Europa Press fuentes jurídicas. El acusado, de 35 años y natural de Palencia, es propietario de una vivienda en el barrio de La Rondilla que alquiló desde el día 20 de julio de 2021 a una persona mediante la formalización del correspondiente contrato en el que el arrendatario contó con un tío como avalista. El presunto delito se habría producido, según sostiene la acusación pública, cuando el guardia civil, al objeto de realizar comprobaciones previas de su futuro arrendatario y el avalista, prevaliéndose de su posición y en el ejercicio de su condición profesional, consultó en el fichero INTPOL los datos de ambas personas, sin que mediara causa legal alguna por delito y a sabiendas de que carecía de la correspondiente autorización. Tal actuación, en la que utilizó su número de identificación profesional, volvió a realizarla cuando su arrendatario se retrasó en el pago de las mensualidades, tratando de obtener información que le permitiera ejercer presión para lograr el abono de las cantidades pendientes.
