La jueza de la dana investiga qué medidas para proteger a la población recibieron cuatro consellers de Mazón
La magistrada recuerda que la Administración autonómica "tenía todos y cada uno los instrumentos a su alcance para salvaguardar a la población" ante la catástrofe e indaga en saber qué acciones realizó Emergencias para informar a los departamentos
El jefe de los Bomberos dijo a la jueza de la dana que ve “incomprensible” que se tardara tanto en enviar el Es-Alert
La jueza de la dana abre un nuevo frente en la causa e investiga la “coordinación” entre el departamento de Emergencias y varias conselleries del Gobierno autonómico de Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos. La magistrada, en un auto dictado este viernes, requiere a las conselleries de Agricultura, Servicios Sociales, Medio Ambiente y Educación para que, en el plazo de cinco días, “aporten las solicitudes de cooperación y solicitudes de adopción de medidas de protección a los ciudadanos que recibieron” del departamento de Emergencias que dirigía Salomé Pradas y de la secretaría autonómica, en manos de Emilio Argüeso, ambos imputados en el procedimiento.
La resolución también pide la respuesta de dichas conselleries a las “eventuales peticiones o comunicaciones que recibieron” de Emergencias.
El auto alude al marco competencial autonómico en materia de Emergencias y concluye que “resulta preciso analizar la coordinación y actuación que tuvo lugar dicho ámbito”.
El requerimiento implica a los departamentos de cuatro consellers del actual Ejecutivo presidido por Juan Francisco Pérez Llorca: Agricultura (Miguel Barrachina); Servicios Sociales (Elena Albalat, anteriormente en manos de la vicepresidenta primera, Susana Camarero); Medio Ambiente (Vicente Martínez Mus), y Educación (María del Carmen Ortí, anteriormente dirigida por José Antonio Rovira).
La jueza recuerda que las 230 víctimas de la dana “no necesitaban el 29 de octubre de 2024 la declaración de emergencia nacional sino una acción por la administración autonómica, capacitada para actuar, gestionar y coordinar y competente legalmente”. “Acción que jamás llegó”, apostilla.
La “evitabilidad” de las 230 muertes
“El problema”, según abunda el auto, “es que la administración autonómica tenía todos y cada uno los instrumentos a su alcance para salvaguardar a la población, los relativos a la posibilidad de alertar, sistema Es-Alert, facultad de comunicarse con otras autoridades, difusión pública por múltiples canales, los suyos personales y esto es decisivo: los medios materiales y personales del Estado”. Como “caso paradigmático” de esto último, la magistrada alude a la Unidad Militar de Emergencias (UME).
La instructora reitera que la “evitabilidad” de las 230 muertes y también de las lesiones “tiene como base el análisis de los avisos a la población y el control de las fuentes de riesgo, cuya competencia correspondía a las autoridades encargadas de la protección civil”, en referencia a la Administración autonómica valenciana.