Los últimos sondeos mantienen en vilo a Aragón
Aragón vota este domingo atravesada por un debate que no figuraba en el guion autonómico y que lo ha contaminado todo, sin que esté claro que haya sumado nada a favor de las siglas socialistas, salvo que entiendan que les vale con intentar que Vox esté mejor alimentado. Las imágenes de la campaña se han trufado con las de las largas colas de migrantes en situación irregular buscando aprovecharse del Real Decreto de regularización histórica masiva que el PSOE pactó con Podemos.
La paradoja del voto del cabreo que los gurús demoscópicos aseguran que condicionarán la noche electoral es evidente. Porque, en principio, Aragón no vota desde el malestar estructural, al menos según los datos disponibles, que indican que más del 60% de los aragoneses considera que la situación de su comunidad es «buena» o «muy buena».
Una evaluación positiva que se reparte, además, entre los electorados de los tres grandes partidos. Jorge Azcón es un buen gestor, que ha conseguido consolidar inversiones millonarias para su territorio como presidente autonómico. Y, aun así, uno de los principales interrogantes de la noche electoral es cuánto crecerá Vox alimentado de ese voto del cabreo.
Los últimos sondeos, que manejan los partidos, dejan muchos interrogantes abiertos porque un escaño arriba o abajo puede ser determinante en el reparto de poder en la derecha y en el nivel de hundimiento de la izquierda. Según estos últimos trackings, el PP necesita movilizar más voto útil en las horas finales de la contienda electoral. Las terminales socialistas están dedicadas a engordar preventivamente el alcance de la derrota para que, si luego no llega a tanto, puedan disfrazarla. Digan lo que diga, salvo milagro, será histórica. Y en Vox cruzan los dedos para conseguir que se haga realidad esa horquilla que les coloca duplicando su actual representación en el Parlamento regional.
Moncloa, por cierto, sigue dando signos claros de que ha perdido su vigor en la organización de campañas electorales. Basta con analizar hasta qué punto ha echado a correr «liebres» que se han convertido en «lobos» para sus propios intereses. Esto es lo que precisamente ha ocurrido con esta regularización anunciada de imprevisto y que rebosa deficiencias técnicas, legales y de seguridad. Denunciadas, por cierto, por las voces técnicas (policiales y también legales).
La agenda responde a que el PSOE ha intentado convertir estas elecciones autonómicas en un plebiscito nacional fallido, sin estrategia clara, y sin disponer del poderío emocional necesario. De liebres, como la citada regularización extraordinaria de inmigrantes, queda una sensación de caos. El Gobierno no tiene ni siquiera la cifra exacta de los beneficiados, aunque el consenso indica que estaría muy por encima de la realizada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2005.
Además, el Gobierno ha improvisado, relajando requisitos que en anteriores regularizaciones eran básicos. Ha prescindido, por ejemplo, de la vinculación con un contrato de trabajo. Y ha rebajado los requisitos administrativos hasta el punto de facilitar que se pueda ejecutar con papeles falsos, incluso en los que afecta a los antecedentes penales y delictivos.
Un marco, por cierto, que ha sido mal recibido en el seno del PSOE, aunque la disciplina orgánica, esto de callar no vayan a decir que se trabaja para el adversario en plena campaña, haya facilitado que ni las voces más críticas con el sanchismo, como la de Emiliano García-Page, hayan levantado la voz. Pero los gestores socialistas saben de primera mano que las Fuerzas de Seguridad están advirtiendo de lo que vendrá con esta regularización si no se ajustan sus agujeros. Critican, por ejemplo, que la operación haya sido asumida solo por Interior en lugar de por Trabajo. Que el certificado de antecedes penales del país de origen es, en algunos casos, imposible de obtener y que decir que puede ser sustituido por una declaración jurada es como mirar para otro lado ante la amenaza de que la regularización sea un "coladero".