La vida útil de las presas españolas... ¿en su recta final?
Las intensas lluvias y la sucesión de borrascas que han afectado (y afectan) a la Península Ibérica han obligado a extremar la vigilancia sobre la situación de las presas en todo el país. El pasado mes de enero fue el más lluvioso desde 2021 y el séptimo desde el inicio de la serie en 1961, según datos difundidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En total, acumuló 119,3 litros por metro cuadrado (l/m2) de lluvia, un 85% por encima de lo normal. Esto se produce en un contexto en el que el estado de las infraestructuras españolas, así como su seguridad y calidad, se encuentran bajo un creciente escrutinio: incidencias en la red ferroviaria, retrasos en los trenes y decenas de obras en las carreteras reflejan esta preocupación generalizada. A esto, ahora, se suman los problemas derivados de las fuertes precipitaciones que llevan semanas azotando el territorio y llevando al límite la capacidad de los embalses.
Hace apenas cuatro meses, a finales de octubre de 2025, se celebró una jornada titulada «Seguridad de las presas españolas: una prioridad inaplazable». Detrás de su organización se encontraban la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; y la Asociación de la Ingeniería Civil (Asociación Caminos), que pertenece al Instituto de la Ingeniería de España (IIE). En ella ya se puso de manifiesto la «urgente necesidad de reforzar la seguridad y el mantenimiento de las presas públicas ante el grave deterioro de parte del parque hidráulico nacional». De las 375 presas de titularidad estatal, entre 220 y 230 presentan fallos. Una situación a la que se ha llegado, tal y como dijeron los expertos, por la falta de mantenimiento, la antigüedad de las infraestructuras y la ausencia de planes de emergencia, lo que compromete de lleno la seguridad de miles de ciudadanos.
Según la información que presentó la Asociación Caminos, a partir de datos de la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico, tres de cada cuatro presas estatales no tienen un plan de emergencia implantado; una de cada tres necesita refuerzos estructurales urgentes; el 75% requiere de estudios complementarios de seguridad; el 65% necesita renovar o sustituir sus sistemas; y el 50% debe rehabilitar los desagües de fondo, que sirven para controlar el nivel del embalse, evacuar sedimentos y realizar desembalses de manera segura. La conclusión de esta jornada fue clara: las infraestructuras esenciales para la gestión del agua y la protección frente a los fenómenos extremos de la naturaleza (cada vez más habituales) viven en un deterioro progresivo y preocupante.
El miércoles pasado, la organización ambiental Greenpeace emitió un comunicado para alertar de que las infraestructuras hidráulicas «se encuentran bajo una gran presión climática para la que no fueron diseñadas». Precisamente el pasado martes –día en que, desde 1988, se registra semanalmente la reserva hídrica en España– se produjo el mayor aumento semanal de toda la serie histórica. Según datos difundidos ese día por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), «la reserva hídrica española almacena 43.341 hectómetros cúbicos tras ganar 5.634 hm3 en una semana, es decir, el 10,1% de la capacidad total de los embalses».
Mientras este último martes los embalses estaban al 77,3% de su capacidad, el 30 de diciembre de 2025 este porcentaje era del 56,3%. Hay que remontarse a enero de 2014 para encontrar una cifra de agua embalsada superior a la actual en los primeros meses del año. «España acaba de asistir a un hito hidrológico sin precedentes desde que existen registros», aseguraron desde Greenpeace.
En este sentido, desde la organización recuerdan que la mayor parte de la infraestructura hidráulica se construyó durante la dictadura de Franco (1950 a 1975). En teoría, la vida útil de estas construcciones va de los 50 a los 70 años: «El hormigón aguanta, pero el acero no tanto. Las compuertas, válvulas y desagües de fondo de presas construidas en los años 50 y 60 están llegando al final de su vida operativa segura», defendieron. A esto, añadieron, «se están gestionando infraestructuras proyectadas a mediados del siglo XX bajo las exigencias de una variabilidad climática extrema, incrementada por el cambio climático, propia del siglo XXI». Esta realidad supone asumir que la vida útil de los embalses españoles se agota; no porque haya riesgos de colapso, pues son presas sólidas a nivel de ingeniería civil, pero sí por una pérdida drástica (y normal) de eficiencia.
Sin planes de emergencia
En la web oficial del Miteco, en el apartado de «Seguridad de presas y embalses», se puede leer: «En la actualidad el número de grandes presas supera las 1.200 con una capacidad aproximada de 56.000 hm3. De éstas, unas 450 son anteriores a 1960 y más de 100 ya existían en el año 1915. Estas simples cifras indican que una parte importante de nuestros esfuerzos habrá que dedicarlos a la conservación y rehabilitación de este inmovilizado de capital social fijo, manteniéndolo en unas condiciones de explotación y seguridad acordes con las exigencias modernas». Sin embargo, asociaciones de ingenieros civiles y expertos no han dejado de alertar en estos días sobre el alto porcentaje de presas en España que están en mal estado o sin planes de emergencia efectivos. De hecho, esta semana, el Partido
Popular ha registrado dos preguntas parlamentarias dirigidas a la Comisión Europea para abordar la peligrosidad y la situación de abandono de embalses y presas españolas.
«La elaboración e implantación de los Planes de Emergencia de presas ha constituido desde el inicio un proceso complejo, que ha exigido el desarrollo previo de criterios adecuados al no existir experiencia previa en esta materia», indica la web del Miteco. Según explican, el objetivo principal de estos planes es «minimizar las posibilidades de que se produzcan fallos o roturas», así como poder poner en práctica procedimientos que permitan «minimizar las consecuencias derivadas del hipoté-tico fallo o rotura de la presa, evitando la falta de previsión y la descoordinación». No obstante, pese a este reconocimiento oficial de la complejidad del proceso y de la necesidad de adaptar las infraestructuras a las exigencias modernas, los expertos insisten en que el ritmo de implantación y actualización de los planes de emergencia sigue siendo insuficiente.
Desde la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la Asociación Caminos ya exigieron en octubre la creación de un Consejo de Seguridad de Presas que sea «autónomo y con capacidad sancionadora» que cuente con «financiación propia». José Trigueros, presidente de la Asociación Caminos, manifestó que «la gestión de la seguridad de las presas debe considerarse un servicio público esencial, continuo, regular y uniforme, que no puede verse afectado por los ciclos presupuestarios ni por la falta de personal».
El viernes, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclamaron una reunión urgente con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, con el fin de abordar la situación crítica que atraviesan las infraestructuras hidráulicas y las condiciones laborales de los empleados públicos que garantizan la seguridad del agua en España. Según indicaron en un comunicado, existe una carencia de personal laboral suficiente para situaciones de emergencia y para establecer turnos de 24 horas. Una situación que, de no solucionarse, podría acabar en una huelga, en el peor momento.