Cada nuevo titular de Defensa normalmente cambia a los altos cargos del órgano central de su ministerio y de los Ejércitos, nuevos jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y de la Defensa. A pesar de que los militares no somos políticos, los sucesivos ministros aducen que necesitan personas de su confianza. Es una afirmación sorprendente, porque los militares que ostentan la categoría de teniente general o almirante llevan más de treinta años de servicio a España y han sufrido un exhaustivo proceso de selección en todos los empleos, especialmente en el ascenso a general. Parece que tienen suficientemente acreditada su condición de ser dignos de confianza. Esta costumbre incide de una forma negativa en el cuerpo de oficiales y su necesario apoliticismo, porque alrededor de los generales 'dignos de confianza' de un ministro socialista se forma la 'capillita' correspondiente, y con los de confianza de un ministro del PP ocurre lo mismo. Esto da como resultado que se escinda el cuerpo de oficiales, especialmente en los niveles más altos, en dos grupos antagónicos, lo que recuerda a la antigua política liberal, que creíamos superada: cuando gobernaba el Partido Liberal los militares conservadores quedaban 'de cuartel', es decir, cesantes, con la mitad del sueldo, y viceversa cuando había un gobierno conservador. Los altos cargos militares casi estaban adscritos a los partidos que se turnaban en el poder. Para evitar esto se podría hacer como en Estados Unidos, donde el presidente propone a las cámaras a los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos. Si las cámaras los aceptan, tienen un periodo de mando determinado, mayor de los cuatro años de cada legislatura, y no pueden ser removidos de su cargo hasta cumplir el tiempo reglamentario. Si cambia el secretario de Defensa, los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada permanecen, con lo cual se da continuidad a la política militar y se palían los defectos señalados anteriormente. César Colis . Majadahonda (Madrid) Según acaba de publicar el BOE, el pasado 10 de diciembre el Tribunal Supremo admitió un recurso para decidir sobre el procedimiento de solicitud, registro y expedición del documento certificativo que acredita a las personas extranjeras que, encontrándose en España, no tengan residencia legal en territorio español, para recibir asistencia sanitaria. Tengo para mí que la regularización propuesta por el doctor Pedro Sánchez –todavía no aprobada ni publicada en el BOE– debería esperar un poco, para tener en cuenta dicho recurso y lo que decida el Supremo sobre los documentos certificativos de los extranjeros para recibir asistencia sanitaria. Teniendo en cuenta que para partidos como Vox y Junts la asistencia sanitaria y otras prestaciones que reciben los extranjeros en España es la cuestión que más les preocupa, creo que esperar a la sentencia del Supremo –que no tardará mucho– sería un acto de prudencia del Gobierno del doctor Pedro Sánchez. José Luis Gardón . Madrid
