UE investiga a Shein por vender muñecas sexuales con apariencia infantil y otros productos ilegales
Bruselas. La Unión Europea abrió este martes una investigación formal contra la plataforma de comercio electrónico Shein, luego de que se detectara que su catálogo incluía armas y muñecas sexuales con apariencia infantil, consideradas productos ilegales dentro del bloque comunitario.
La pesquisa fue anunciada por la Comisión Europea, que también cuestiona a la empresa por los posibles efectos adictivos de su plataforma y por la falta de transparencia en los algoritmos utilizados para recomendar productos a los usuarios.
De confirmarse las infracciones, Shein habría violado la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), normativa que obliga a las grandes plataformas digitales a prevenir la comercialización de contenidos y productos ilegales, así como a proteger a los consumidores frente a riesgos en línea.
Las sanciones podrían alcanzar hasta un 6% de su facturación anual global.
Las autoridades europeas subrayaron que, debido a su tamaño y alcance, Shein está sujeta a controles más estrictos que otras plataformas.
“En la UE, los productos ilegales están prohibidos a la venta, ya sea en una tienda física o en línea”, recalcó Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión encargada de asuntos digitales.
Virkkunen añadió que la DSA no solo busca frenar la venta de artículos prohibidos, sino también garantizar el bienestar de los consumidores y ofrecer mayor claridad sobre el funcionamiento de los algoritmos que influyen en las decisiones de compra.
Desde la empresa, un portavoz de Shein aseguró que colaborarán con la investigación.
“Compartimos el objetivo de la Comisión de lograr un entorno digital seguro y fiable”, indicó un vocero.
Añadió que, tras los hallazgos del año pasado, la compañía supuestamente reforzó sus sistemas de detección y aceleró medidas de protección para evitar la venta de productos prohibidos a menores.
La legislación europea ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones por Estados Unidos, que sostiene que estas normas podrían afectar la libertad de expresión y apuntar de forma desproporcionada contra empresas extranjeras.