El Gobierno menosprecia a la misión de eurodiputados de Almaraz: se van sin que los reciba nadie

La delegación del Parlamento Europeo que ha visitado esta semana la central nuclear de Central Nuclear de Almaraz se marcha de España con una conclusión política añadida a las técnicas y económicas: no ha sido recibida por la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ni por ningún representante de su departamento. Un gesto que los eurodiputados han querido dejar por escrito y que añade tensión institucional a un debate de por sí sensible.

La misión, integrada por diez miembros de la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo, se desarrolló del 16 al 18 de febrero en Extremadura y Castilla-La Mancha. El viaje respondía a una petición ciudadana presentada en Bruselas por la plataforma "Sí a Almaraz, Sí al futuro", que defiende que la planta siga abierta por sus efectos económicos, energéticos y sociales.

Los eurodiputados recorrieron las instalaciones de Almaraz acompañados por el equipo directivo de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo y por expertos de la planta. Visitaron el edificio de turbinas, el simulador de la sala de control y el Almacén Temporal Individualizado (ATI 20), además de las obras del futuro ATI 100. También conocieron la escuela de formación y el programa de FP Dual de Automatización y Robótica Industrial impulsado junto al IES Zurbarán.

Según la plataforma promotora de la iniciativa, los europarlamentarios pudieron comprobar el "funcionamiento seguro y fiable" de la instalación y su elevado grado de modernización. La plataforma recordó también a los miembros de la Eurocámara que Almaraz genera más de 4.000 empleos, suministra electricidad a cerca de cuatro millones de hogares y aporta alrededor del 7% de la producción eléctrica nacional.

Además, sus defensores subrayan que su gemela estadounidense, la central de North Anna (Virginia), continúa operando con normalidad.

La delegación estuvo encabezada por el eurodiputado polaco Bogdan Rzonca e integrada, entre otros, por la española Elena Nevado del Campo. Durante su estancia mantuvieron reuniones con trabajadores, expertos, representantes de la Asamblea de Extremadura y autoridades locales y regionales, así como con alcaldes de la zona directamente afectados por el posible cierre.

Sin embargo, el encuentro que no se produjo fue el solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La propia delegación subrayó que invitó formalmente a la ministra a mantener una reunión para recabar información técnica de primera mano sobre la planificación energética y el calendario de desmantelamiento. No fue posible concertar esa cita ni con la ministra ni con representantes del ministerio. Tampoco hubo reuniones con otras autoridades del Gobierno, al considerar los eurodiputados que el departamento competente era el de Transición Ecológica.

Este menosprecio a la delegación de europarlamentarios es relevante ya que la decisión sobre la prórroga solicitada por las empresas propietarias de tres años adicionales (hasta 2030) depende en última instancia del ministerio, una vez se emita el preceptivo informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear.

En paralelo, quince alcaldes de la zona han remitido una carta al presidente del Gobierno solicitando la continuidad de la central y alertando del impacto que tendría su cierre en la comarca del Campo Arañuelo.

Para los promotores de la petición, la visita europea supone un "paso relevante" para trasladar el debate al ámbito comunitario, donde la energía nuclear forma parte del mix energético de numerosos estados miembros y es reconocida como fuente estable y baja en carbono en el marco de la transición climática. Desde esa óptica, el cierre de Almaraz no es solo una cuestión regional o nacional, sino también un asunto con implicaciones para la política energética europea.

Los eurodiputados elaborarán en los próximos meses un informe con conclusiones y recomendaciones para futuras acciones. Ese documento recogerá lo escuchado en Extremadura y Castilla-La Mancha, pero también dejará constancia de la ausencia de interlocución con el Gobierno central.