Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al frente de la investigación del caso Pineda, en referencia al que fuera jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía hasta el pasado mes de agosto, puesto al que accedió de la mano de su padrino político, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, tienen dos líneas de actuación abiertas en relación a sendas operaciones concretas en la que el exconcejal socialista habría intervenido. Así señala el Instituto Armado que se están realizando pesquisas sobre todo lo relacionado con las actividades de su esposa, Olga Pérez, odontóloga de profesión y socia única de Higuerón Real Estate, sociedad que en el verano de 2016 (siendo alcalde el socialista Juan Espadas) consiguió, al ser la única pujadora en el proceso público abierto por Emvisesa, el arrendamiento de una parcela de más diez mil metros cuadrados en Higuerón, en Pino Montano. Posteriormente la subarrendó para que allí se instalará un Burger King, una gasolinera y un restaurante KFC. En este contexto, se indaga también el expediente público de venta mediante subasta impulsado por la empresa municipal de vivienda en 2024, en el que objeto era el mismo solar, titularidad de Emvisesa. Higuerón Real Estate fue la única sociedad que pujó por ella. La adquirió por 1,7 millones de euros y la vendió cinco meses después por 3,9 millones de euros, lo que repercutió un beneficio de 2,2 millones a repartir, según la UCO, entre el matrimonio Pineda-Pérez, dos socios de ella y un jefe de Emvisesa, hoy despedido por su presunta implicación. La otra línea de investigación de la UCO sobre Pineda es la relativa a las gestiones que el que fuera jefe de gabinete de Pedro Fernández en la Delegación del Gobierno en Andalucía habría realizado ante el Ayuntamiento de Gines, gobernado por el alcalde socialista Romualdo Garrido, en favor de uno de los principales investigados en una causa por narcotráfico y dueño de un bar de copas en el municipio, cerrado tras tres expedientes administrativos. Esto trascendió precisamente gracias a los pinchazos telefónicos a los principales implicados en la causa por narcotráfico, donde se hablaba mucho de una persona vinculada a la Delegación del Gobierno en Andalucía. En la misma causa, que dirige la juez de la plaza número diez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, obra un escrito de la Fiscalía en la que expone la realización por parte de Pineda de «múltiples favores» a dicho narco para conseguir la reapertura del bar que regenta. Las conversaciones de WhatsApp evidencian el «inusitado interés» mostrado por Pineda, en dicha reapertura con una «activa intervención» en la que se incluyen visitas personales al alcalde de Gines . En este sentido, destaca un mensaje por esta vía de mensajería instantánea en el que la arquitecta municipal se queja de las numerosas presiones que estaba recibiendo de varias personas, entre ellas Romualdo Garrido, para la indicada reapertura, «pub del amigo de Pineda» . En dichas conversaciones, Pineda refiere que el alcalde «le debe favores» por haber puesto, según dice literalmente el exconcejal socialista en la etapa de Sánchez Monteseirín, «un montón de pelos en la gatera por él», por quien «se había partido la cara» para sacarlo del caso de la Pará de Gines, donde Garrido también está investigado. Además, la Fiscalía recoge en su escrito que del volcado del teléfono del empresario del bar e investigado por narcotráfico «ya se evidencia un posible enriquecimiento ilícito por parte de Pineda procedente de la adquisición de una parcela en Pino Montano, tras obtener una sustancial rebaja de unos 500.000 euros en su precio inicial», por la sociedad de su esposa, Olga Pérez.
