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La designación de José María Balcázar, parlamentario de Perú Libre, a la presidencia encargada del Ejecutivo simboliza la fractura del pacto que dominó el Parlamento en los últimos años. La coalición que articuló mayorías, censuras y control institucional atraviesa una fase de descomposición que hoy se expresa en acusaciones públicas entre antiguos aliados.
La ruptura de Alianza para el Progreso, encabezada por César Acuña, con el entendimiento que sostenía junto con Fuerza Popular marcó el quiebre decisivo. Ese movimiento alteró la correlación de fuerzas y permitió la designación de Balcázar como sucesor de José Jerí en la línea de mando.
El resquebrajamiento alcanza tal magnitud que el fujimorismo y sus satélites en Avanza País y Acción Popular atribuyen la responsabilidad de esta designación a Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, así como a José Luna Gálvez, de Podemos Perú, y al propio Acuña. Las recriminaciones cruzadas revelan una disputa intensa por liderazgo y posicionamiento en encuestas.
Sin embargo, el rasgo autoritario permanece en escena. El país debe recordar que el recientemente nombrado presidente encargado es un exjuez cuya trayectoria incluye decisiones judiciales cuestionadas por su cercanía con intereses vinculados al entorno de Vladimiro Montesinos y a la dictadura de Alberto Fujimori. Ese antecedente añade una dimensión histórica que no debería pasar desapercibida al presente momento político, con un fujimorismo que no deja de calcular el impacto de las decisiones parlamentarias en los próximos comicios.
Paralelamente, el nuevo jefe de Estado ha planteado públicamente el indulto para Pedro Castillo, iniciativa con incidencia directa en el proceso judicial en su contra. Asimismo, la situación de fuga del líder perulibrista, Vladimir Cerrón, permanecerá bajo escrutinio durante su gestión.
Por otro lado, la encargatura tiene fecha de vencimiento. Balcázar conducirá el Perú “hasta el 28 de julio”, cuando jure el mandatario que elijan los ciudadanos en las urnas. Eso, si el pacto no entra en crisis nuevamente debido a estrategias electorales.
En pocas palabras, la división del acuerdo antidemócrata y corrupto responde a un poder atrapado en ambición electoral y cálculo estratégico, que no es estático y que en fondo, aunque enfrentados, se mantiene en la cooptación del Estado.
En ese sentido, el país, que atraviesa una etapa delicada, exige vigilancia ciudadana que insista en la no interferencia con las elecciones y la priorización de las labores de prevención y mitigación de efectos del fenómeno de El Niño confirmado.