Los inspectores de Trabajo denuncian que Yolanda Díaz exige que los empresarios "paguen más" pero ella "no nos paga los pluses de productividad"
No pasa un día sin que Yolanda Díaz esté en el centro de la polémica y, tras aprobar sin el apoyo de los empresarios una nueva subida del SMI, que obliga a empresas y autónomos a incrementar los salarios de sus empleados y elevar el pago de cotizaciones, una denuncia de sus propios trabajadores la ha dejado en evidencia. Los cuatro principales sindicatos de la Inspección de Trabajo (Sitss, Sislass, UPIT y Seslaess) han denunciado a través de un comunicado conjunto que el Ministerio de Trabajo les adeuda "íntegramente" la productividad colectiva pactada para el pasado año 2025, "pese a haber alcanzado todos los objetivos fijados para ello", por lo que han cargado con dureza contra la titular de Trabajo, a la que acusan de tener una doble vara de medir, ya que estas prácticas "se sancionan cuando son las empresas las que las realizan".
En una nota en modo de carta dirigida a Díaz, los inspectores le recuerdan, "porque se lo oímos decir a diario, que el trabajo realizado hay que abonarlo. Por eso, le pedimos que, entre vídeos promocionales y críticas justificadas a quienes no cumplen con sus trabajadores, guarde usted unos minutos para analizar la situación de su propio personal". Además, le echan en cara las "trampas" y los "juegos de trileros" que está utilizando el Ministerio para no aplicar las mejoras a sus trabajadores. "Sorprende que no identifique esas prácticas dentro de la Inspección de Trabajo, que depende de su Ministerio y en el que las políticas erráticas, la falta de transparencia, el incumplimiento de los acuerdos firmados se ha convertido en la norma que rige su Ministerio".
En concreto advierten de las grietas del sistema de productividad "obsoleto" de este organismo, que se va "parcheando de forma improvisada", por lo que reclaman una "necesaria reforma", que sigue paralizada porque las mesas de negociación no han tenido recorrido "por la falta de liderazgo, de planificación y propuesta de los responsables de la Inspección, que han conducido el sistema erráticamente, de ocurrencia en ocurrencia y de improvisación en improvisación". En este sentido, señalan que "esta deriva de mala gestión" no es nueva, y ya dio la primera señal de alerta a finales de 2024, momento en el que, sin previo aviso, comprobamos directamente en la nómina de diciembre la falta del abono del importe total de la productividad colectiva, circunstancia que finalmente se solventó a través de un nuevo parche, y con retraso, en enero de 2025.
Una situación que se ha vuelto a repetir, ya que desde principio del año 2025 estos sindicatos reclamaron información y diálogo para garantizar que tal situación no volviera a repetirse, pero "no hemos tenido noticia alguna hasta que, nuevamente en el mes de diciembre de 2025, se nos trasladaba por parte de la Dirección de la Inspección que, pese a haber llegado a objetivos colectivos, no se iba a percibir la totalidad del importe de la productividad complementaria comprometido, sin especificar siquiera el porcentaje que quedaba impagado". Censuran que no se ha recibido explicación alguna del motivo por el que ha denegado la percepción de este complemento, "más allá de la falta de autorización para el pago. Pero eso sí, la dirección del organismo sí cobró íntegramente todas las cantidades al tenerlas prorrateadas, se cumplan o no los objetivos, a lo largo del año".
Los inspectores también denuncian el subterfugio utilizado por el Ministerio para evitar cumplir con los compromisos firmados. Se refieren al punto 1.6 de la Instrucción 6/2014, de Productividad, que establece que "el crédito total de productividad (...) será el establecido anualmente, de acuerdo con lo dispuesto en la correspondiente Ley de Presupuesto Generales del Estado (...)". Según les ha hecho saber el Ministerio, esta cláusula le permite "pactar con la plantilla unos objetivos, conociendo la situación presupuestaria, y después no sentirse vinculado por tal compromiso, con la excusa de que no se autoriza el pago. Evidentemente, consideramos que tal interpretación es contraria al derecho a percibir el salario pactado. El carácter no consolidable de la productividad complementaria, o su sujeción a disponibilidad presupuestaria, no puede justificar el impago tras haberse materializado los objetivos conociendo el presupuesto consignado para ello".
Además, temen que la situación se complique aún más para el año 2026 puesto que aún no conoce la plantilla los objetivos colectivos de este año, a pesar de que su cómputo se inició en septiembre de 2025 y finalizan en septiembre de 2026. "No solo cambiaron unilateralmente las reglas del juego en el mes de diciembre de 2025 no abonando la totalidad de las cantidades adeudadas alegando falta de presupuesto, sino que ahora directamente no hay reglas, no hay objetivos, no hay compromiso con la plantilla".
Para concluir el comunicado, las organizaciones firmantes lanzan dos preguntas a la dirección de la Inspección: "¿De verdad nuestros compañeras y compañeros que se encuentran al frente de la Dirección del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social pretenden, ante el reiterado maltrato, seguir actuando como si no pasara nada? ¿Qué dirían en el caso de una empresa que no sólo no pagara los objetivos comprometidos con su plantilla en materia de productividad, sino que al año siguiente encima eleva la carga?".
Fuentes del Ministerio de Trabajo han explicado a LA RAZÓN que esas cantidades están consignadas y que existe partida anual extraordinaria de seis millones de euros desde 2022 con el que se abonan esos emolumentos, aunque no han detallado la fecha en las que se hará efectivo el pago.