La implantación de la baliza de emergencia V16 en España, obligatoria en España desde el pasado 1 de enero de 2026, ha generado un intenso debate que trasciende la seguridad vial para convertirse en un conflicto jurídico con la Unión Europea. Este dispositivo no solo despierta dudas sobre su utilidad real en la compleja orografía española, sino que también ha sido cuestionado por la Comisión Europea debido a irregularidades en su tramitación legislativa. Desde el punto de vista de la seguridad, voces autorizadas como José Lagunar, consultor de movilidad en AutoFM, y Pedro Martín, director editorial de Motor en Vocento, coinciden en señalar que la baliza V16 ofrece una protección deficiente en comparación con los triángulos tradicionales. Lagunar advierte que la idea de sustituir la señalización física por una luz en el techo es poco práctica en un país con una geografía tan accidentada como la española, la segunda más montañosa de Europa después de Suiza. En carreteras repletas de curvas, pendientes y cambios de rasante, un destello luminoso resulta invisible para los conductores que se aproximan hasta que están prácticamente encima del obstáculo, lo que anula el margen de reacción. Además, los expertos denuncian que la visibilidad de estas luces durante el día es casi inexistente, comparándola irónicamente con el efecto de una linterna bajo el sol, mientras que el triángulo sigue siendo el método más fiable para advertir de un peligro a larga distancia. Este problema técnico se ve agravado por una preocupante disparidad normativa dentro de la Unión Europea. Pedro Martín subraya que el triángulo de emergencia sigue siendo el estándar reconocido y exigido en el resto del continente, por lo que los conductores españoles que viajen al extranjero con su vehículo particular se encontrarán en una situación de vulnerabilidad legal si prescinden de ellos. Por esta razón, la recomendación de los especialistas es rotunda: nadie debería deshacerse de sus triángulos, ya que su uso seguirá siendo obligatorio al cruzar fronteras hacia países como Francia, Portugal o Alemania. A este escenario de dudas operativas se suma un frente legal en Bruselas que podría invalidar la normativa española. El Gobierno de España no notificó debidamente a la Comisión Europea su intención de hacer obligatoria la baliza V16, omitiendo un procedimiento esencial para cualquier regulación técnica que afecte al mercado interior o a la libre circulación. En respuesta a una pregunta de la eurodiputada Dolors Montserrat, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Stéphane Séjourné, ha recordado que esta falta de notificación puede acarrear graves consecuencias. Bruselas tiene la potestad de iniciar un procedimiento formal de infracción contra España y, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los jueces españoles podrían verse obligados a no aplicar esta normativa al haber sido adoptada de espaldas a las autoridades comunitarias. Es por ello que la baliza V16 se encuentra actualmente en un limbo donde su eficacia es cuestionada por los expertos y su legalidad por las instituciones europeas. La Comisión podría abrir un procedimiento de infracción contra España por imponer requisitos técnicos nacionales que obstaculizan el comercio. La falta de una comunicación adecuada sobre un cambio que afecta a todos los conductores que circulan por España plantea interrogantes sobre la transparencia de la administración. La demora recurrente en la transposición de directivas europeas —a menudo incompletas o dudosas— refuerza la tesis de una gestión deficiente, según interpreta José Lagunar. «¿Por qué no se ha comunicado adecuadamente este cambio?», cuestiona el experto, sugiriendo que la administración actúa en ocasiones como si estuviera «por encima de la legislación de la Comisión Europea». Mientras tanto, la inseguridad jurídica rodea a «un dispositivo que nació para salvar vidas, pero que hoy se encuentra atrapado en un laberinto administrativo». Para Lagunar, legislar «a golpe de ocurrencia» y sin base técnica ha derivado en una situación de ilegalidad. El experto subraya que la raíz de todos los problemas actuales se resume en una sola palabra: sustitutivo. «De haber incluido el término 'complementario' en vez de 'sustitutivo', no tendríamos los problemas a los que nos enfrentamos ahora mismo», explica Lagunar. Según su análisis, esta elección terminológica ha generado dos frentes críticos: problemas de seguridad vial desde el punto de vista técnico y serios conflictos jurídicos en la vía legislativa. Por ahora, el consejo de los expertos es unánime: la tecnología no debe sustituir a la prudencia, ni la baliza al veterano triángulo.
