El Tribunal Superior niega un tipo de incapacidad permanente a una limpiadora con cáncer de mama: este es el motivo
El sistema de seguridad social en España contempla diferentes grados de incapacidad permanente destinados a proteger a los trabajadores cuando su salud les impide continuar con su actividad laboral habitual. Según la Guía Laboral del Ministerio de Trabajo y Economía Social, existen cuatro tipos principales de incapacidad permanente. La incapacidad parcial se concede cuando la enfermedad o lesión reduce la capacidad para desempeñar la profesión habitual pero no impide realizarla por completo, otorgando una cuantía económica equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora.
La incapacidad total para la profesión habitual se reconoce cuando el trabajador no puede desempeñar su empleo habitual, aunque sí puede realizar otras actividades, y suele equivaler al 55% de la base reguladora. La incapacidad absoluta se concede cuando la persona no puede realizar ningún tipo de trabajo, garantizando una pensión cercana al 100% de la base reguladora, y la gran invalidez se aplica en los casos en que se requiere asistencia de terceros para realizar las actividades básicas de la vida diaria.
Cada grado de incapacidad responde a motivos específicos que valoran la pérdida de capacidad laboral y la gravedad de las secuelas de la enfermedad o lesión. La incapacidad parcial se otorga en situaciones leves que afectan de manera limitada a la actividad profesional, mientras que la incapacidad total se concede cuando la limitación es suficiente para impedir continuar con la profesión habitual. La incapacidad absoluta requiere pruebas de que la persona no puede dedicarse a ningún trabajo remunerado, y la gran invalidez se reserva para los casos más graves donde la dependencia de terceros es imprescindible.
La Justicia niega la incapacidad absoluta a una trabajadora
El caso del Tribunal Superior de Justicia que ha generado debate recientemente involucra a una trabajadora de cuarenta años de edad que desempeñaba labores de limpieza y que fue diagnosticada con cáncer de mama. La mujer solicitó el reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta, alegando que las secuelas de su enfermedad y los tratamientos que recibió le impedían realizar cualquier tipo de trabajo.
Por su parte, la Seguridad Social denegó esta solicitud, concediéndole únicamente la incapacidad permanente total para su profesión habitual, argumentando que podía desempeñar trabajos más sencillos o livianos. El Tribunal Superior de Justicia confirmó esta decisión, avalando la interpretación del Instituto Nacional de la Seguridad Social y sentando un precedente sobre la valoración de las secuelas en casos de enfermedades graves.
El INSS rechaza la solicitud pese a las secuelas
La cronología del caso comienza con el diagnóstico de cáncer de mama en la trabajadora, que sufrió un carcinoma ductal infiltrante y fue sometida a quimioterapia y doble mastectomía. Posteriormente desarrolló contractura capsular severa e infecciones que llevaron a la retirada de los implantes mamarios, así como linfedema en el brazo derecho que le genera dolor y limita su movilidad. Además, presenta discopatía lumbar y un trastorno adaptativo mixto debido al impacto psicológico de la enfermedad. A pesar de estas secuelas, el INSS consideró que la trabajadora todavía podía desempeñar tareas que no requieran esfuerzo físico intenso ni alta carga mental, y por ello le otorgó únicamente la incapacidad permanente total para su profesión habitual.
La resolución final del Tribunal Superior
La trabajadora llevó el caso ante el Juzgado de lo Social número cuatro de Granada, que desestimó su solicitud y respaldó la decisión de la Seguridad Social. Posteriormente recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que examinó en detalle los informes médicos y psicológicos. El tribunal valoró que, aunque la mujer requiere atención psicológica y recibe tratamiento por ansiedad y tristeza derivados de su enfermedad, no se acreditaba un trastorno depresivo mayor ni incapacidad total para cualquier actividad. El alto tribunal concluyó que sus limitaciones físicas y funcionales no impiden el desempeño de trabajos livianos, sencillos o sedentarios, por lo que la incapacidad absoluta no procede en este caso.
Finalmente, la sentencia implica que la trabajadora percibirá una pensión de incapacidad permanente total, que equivale a un porcentaje de su base reguladora, en lugar de recibir la cuantía completa que correspondería a la incapacidad absoluta. Cabe destacar que, pese a no recibir el 100%, como sucede con la permanente absoluta, la incapacidad total permite cobrar hasta un 75% cuando se superan los 55 años de edad.