El Estado paga un salario base inferior al SMI a la mayoría de sus funcionarios
El salario base de un funcionario intermedio en España es hoy inferior al mínimo legal. Es la pura realidad estadística de las tablas salariales del sector público español en 2026, según ha denunciado la rama de la administración pública y servicios sectoriales del sindicato USO.
A partir de las cifras oficiales del Estado para los sueldos base de los distintos grupos profesionales y del reciente Real Decreto que fija el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 1.221 euros al mes en 14 pagas (17.094 euros anuales), se constata esta "anomalía", según FAC USO.
Aunque el salario base es solo una parte de las retribuciones del personal funcionario, incluso residual para los funcionarios de las categorías A1 y A2, que corresponden a las oposiciones más complejas, lo cierto es que salvo los funcionarios del nivel superior A1 todos los demás tienen sueldos base inferiores.
Los A2 cobran en total y sin trienios 16.143,90 euros anuales brutos y desde ahí hasta abajo, los niveles C2 y Agrupaciones Profesionales, todos están por debajo del SMI en cuanto al sueldo base.
Los complementos lo son todo
Sin embargo, el salario de los funcionarios no se compone únicamente de este "sueldo base" anual, sino que a él se suman los trienios por antigüedad, el complemento de destino -que se consolida en función del nivel que se va escalando hasta un máximo del nivel 30 y con el que casi se duplica el sueldo base- y los componentes variables como el complemento específico, quizá el más suculento de todo el sueldo de los funcionarios, que va en función del puesto concreto y del organismo en el que se recala.
Eso sí, su asignación depende de cada Administración y de la estructura del puesto. Este detalle es clave para entender la crítica de FAC USO: el cumplimiento aparente del salario mínimo se logra gracias a sumatorias de conceptos que, si bien forman parte del sueldo final, no son una base salarial que de por sí supere el umbral legal que el propio Estado ha legislado.
El Gobierno aprobó recientemente una subida del Salario Mínimo Interprofesional para 2026 que lo sitúa en 1.221 euros mensuales en 14 pagas (1.424,5 euros en 12 pagas), con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Este incremento de un 3,1% más sobre 2025 busca reforzar el poder adquisitivo de los trabajadores y se traduce en un salario anual de 17.094 euros.
De este modo, el SMI legal funciona como una referenciación mínima que, en el sector privado, marca el precio suelo de salarios. Pero en el sector público, el salario base de un funcionario de nivel intermedio, como el grupo A2 o B, queda claramente por debajo, incluso tras aplicar las subidas pactadas.
Los sindicatos critican además que esta interpretación "a base de sumas" está sustentada en una lectura extensiva de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la comprobación del cumplimiento del SMI, con lo que se estaría desvirtuando la función protectora de este salario mínimo como garantía real de ingresos básicos para todo trabajador, sea público o privado.
Para FAC-USO, el Estado estaría delegando en los complementos la responsabilidad de alcanzar el mínimo que él mismo ha legislado, una práctica que consideran contraria al espíritu del SMI y discriminatoria para quienes ocupan niveles más bajos del empleo público.