La investigación promovida en torno al exedil socialista del Ayuntamiento hispalense Rafael Pineda por supuestas gestiones como jefe de gabinete en la Delegación del Gobierno en Andalucía en favor de su esposa y del responsable del local hostelero Green House de Gines abarca presuntas actuaciones para el "arreglo" de documentos para extranjeros pendientes de regularización, antes de que el Ejecutivo al que entonces representaba promoviese ahora una regularización extraordinaria de migrantes para abarcar a unas 500.000 personas. En el auto emitido el pasado 18 de febrero por la jueza de la plaza número diez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, ante la cual Pineda se acogió a su derecho a no declarar, al igual que su esposa, Olga Pérez; dos socios de esta última y el que fuera jefe de servicio de Terciarios de la empresa municipal Emvisesa D.M.L; la magistrada detecta «indicios racionales de criminalidad contra los investigados, indicios más que reforzados tras la práctica de las diligencias ordenadas». Les atribuye presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares. En ese sentido, cabe recordar que esta investigación del arrendamiento y la posterior compra de la finca de Emvisesa por cuya venta sólo unos meses después la empresa de la mujer de Pineda habría obtenido un beneficio de 2,2 millones de euros parte de una causa cuyo origen se remonta a 2023, sobre un numeroso grupo de empresarios, funcionarios, gestores, testaferros y hombres de paja, así como otros empleados de una red supuestamente dedicada al blanqueo de capitales derivados del narcotráfico y otras actividades ilícitas, incluyendo al responsable del local hostelero Green House de Gines. En esta causa inicial pesa un informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil con fecha de noviembre de 2024 y recogido por este periódico, que señala una serie de intervenciones telefónicas entre el empresario supuestamente relacionado con el narco con un ciudadano extranjero, en la que el primero dice al segundo, según los agentes, que le dé el resguardo de haber pedido el NIE. A su vez, éste se lo enviaría al «delegado del Gobierno», literalmente; aunque la Guardia Civil precisó más adelante que no se trata de esta «autoridad». Después los investigados aluden a Rafael, en referencia a Pineda, quien accedió a la Delegación de la mano de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente Primero de la Mesa del Congreso. «Éste (Rafael) le va a dar el NIE del tirón», ya que «es el que manda en extranjería», recoge la Guardia Civil en su informe sobre dichas grabaciones. En otra llamada el narco dice a otro de sus subordinados por teléfono que «el delegado del Gobierno le ha dicho que le dé los papeles de todo el mundo a los que quiera arreglarles documentos de extranjería ». «Si fuera del Gobierno de España te lo resuelvo yo», figura textualmente como una respuesta de Pineda al narco. Según la Guardia Civil, estas conversaciones «dejan entrever que una persona vinculada a la Delegación del Gobierno y que conducía una motocicleta mantiene una reunión/almuerzo, en la que le manifiesta a este empresario vinculado al narcotráfico que le haga llegar todos los documentos de extranjeros que quiera legalizar, ya que él tiene potestad para hacerlo». Los agentes, en cualquier caso, apuntan en su informe que esta persona, en referencia a Pineda , «estaría recibiendo una dádiva» por sus gestiones. Esa es la idea que retoma la jueza, que en su auto del 18 de febrero destaca que Pineda, como jefe de gabinete del delegado del Gobierno, «habría estado haciendo gestiones para terceros ante distintas administraciones a cambio de contraprestaciones económicas».
