El Gobierno publica los documentos desclasificados del 23F: ya están disponibles para su consulta

Ya están disponibles para su consulta los más de 150 documentos sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 desclasificados por el Gobierno. Entre los archivos hay transcripciones de conversaciones telefónicas, como la llamada de (presuntamente) García Carres y Tejero mientras el segundo se encontraba dentro del Congreso, cintas grabadas con conversaciones telefónicas con varias personas intervenidas a la esposa de Tejero y un documento manuscrito de la posible planificación del golpe. Se pueden leer aquí.

Hay información procedente del Ministerio de Interior, de la Guardia Civil y de la Policía; del Ministerio de Defensa, procedente del CNI pero también documentos del archivo histórico; y del Ministerio de Asuntos Exteriores. De los documentos desclasificados se desprende que seis miembros de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID, antecedente del CNI, “participaron activamente” en el intento del golpe de Estado y lo intentaron encubrir.

Según el documento, desclasificado por el Ministerio de Defensa, los seis agentes “o bien conocían los hechos antes del 23 de febrero” o “planificaron un apoyo operativo que llevaron a efecto” y “posteriormente trataron de encubrir su participación activando una operación que justificara sus movimientos” durante aquella jornada.

Un episodio rodeado de incógnitas

La medida permitirá tener acceso a información hasta ahora considerada secreta sobre un episodio de la historia aún rodeado de confusión e incógnitas. La noticia ha sido celebrada por historiadores y periodistas que llevan años investigando lo que ocurrió aquel 23 de febrero, cuando un grupo de guardias civiles armados encabezados por el teniente coronel Antonio Tejero irrumpieron en el Congreso. La sentencia condenó a una treintena de sublevados y contribuyó a fijar un discurso oficial según el cual el fracaso del golpe se debió a la actuación decidida del rey Juan Carlos y a la lealtad mayoritaria del Ejército. Sin embargo, algunos expertos recelan de esta versión y apuntan a que aún no se conoce toda la verdad de lo sucedido.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado a primera hora de este miércoles el acuerdo de Consejo de Ministros por el que da luz verde a la desclasificación de los documentos relativos al golpe de Estado, por entender que ya no suponen un “riesgo para la seguridad y defensa del Estado”. El acuerdo es para “desclasificar cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado” del 23-F. Y se hace, según el BOE, a propuesta de los ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; de la ministra de Defensa, y del ministro del Interior.

Los años pasados desde el intento de golpe de Estado —cuyos autores fueron definitivamente condenados por un delito de rebelión militar por el Tribunal Supremo en la sentencia del 22 de abril de 1983— permiten que la información referente a estos hechos se desclasifique “sin generar ningún riesgo real y presente”, alega el Ejecutivo.

Ley de secretos franquista

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los grupos reformar este semestre la vigente Ley de Secretos de 1968, pero no ha aclarado si, mientras eso ocurre, va a desclasificar documentos más antiguos incluso que los de la intentona golpista de 1981 que el Gobierno ha liberado este martes. Varios grupos parlamentarios han reclamado al presidente en los últimos días desbloquearla.

En la sesión de control en el Pleno del Congreso, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha recordado que se mantienen clasificados como secretos los documentos relativos a episodios como los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, una represión policial que acabó con cinco sindicalistas muertos; las cargas policiales en los Sanfermines de 1978; el caso (Mikel) Zabalza, un hombre que murió bajo tortura en 1985; los episodios de 'guerra sucia' del Batallón Vasco Español en la Transición y los del GAL que sucedieron en los años del Gobierno socialista de Felipe González.

Aizpurua ha argumentado que, al desclasificar los papeles del 23F, el Gobierno de coalición ha demostrado que, si hay voluntad, el Consejo de Ministros puede levantar el secreto que pesa sobre otros documentos, algunos incluso más antiguos, sin esperar a que se reforme la Ley de Secretos que rige desde el franquismo.