YPFB reconoce dificultades en su restructuración por Ley del Trabajo
El gerente de Contrataciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Roca, afirmó que la reestructuración del personal en la empresa estatal avanza de forma lenta debido a las restricciones legales que protegen a los trabajadores contratados desde la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La autoridad reconoció que la petrolera fue “totalmente cooptada por una anterior gestión”, pero explicó que no es sencillo realizar despidos porque los funcionarios están amparados por la Ley General del Trabajo, que garantiza estabilidad laboral y beneficios sociales ante ceses considerados injustificados.
Roca indicó que el proceso de renovación del talento humano se ejecuta de manera paulatina y gradual, ya que dentro de la institución también existe personal calificado y técnico en el área hidrocaburífera.
Sin embargo, aseguró que se han detectado indicios de sabotaje interno que dificultan la gestión.
“No es fácil despedir a la gente; todos están bajo la Ley General del Trabajo, entonces los cambios se van a ir dando. Ya se están dando, pero nos está costando bastante”, sostuvo el ejecutivo, quien estimó que en los próximos meses se contará con personal “probo y técnico”.
YPFB
Asimismo, señaló que se eliminaron privilegios salariales a dirigentes en comisión, garantizando que actualmente los funcionarios perciban remuneraciones acordes a sus cargos.
El Gobierno manifestó su intención de modernizar la normativa laboral vigente, una propuesta que ha generado resistencia por parte de la Central Obrera Boliviana (COB), que defiende el marco legal actual. Mientras tanto, YPFB apuesta por una reorganización progresiva para fortalecer su funcionamiento institucional.
Hace un par de semanas, el presidente de la petrolera estatal, Yussef Akly, informó que se desvinculó a 360 funcionarios por el caso de gasolina desestabilizada que afectó a miles de motorizados, principalmente en Santa Cruz.
La actual administración busca que YPFB deje de ser “un botín político” a la cual ingresaban a trabajar personas afines al MAS pese a no tener ninguna experiencia o calificación en el sector. El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, informó que hay aproximadamente 5.000 funcionarios en la estatal, lo que dificulta su reconfiguración.
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