Rodrigo Chaves sobre veto a Ley de Ejecución de la Pena: ‘Cualquier diputado que vote por resellar esto debe ser señalado’
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, confirmó este miércoles 25 de febrero que vetará la Ley de Ejecución de la Pena, cinco días después de que la Asamblea Legislativa la aprobara en segundo debate y fuera enviada al Poder Ejecutivo para su firma.
El mandatario criticó a los legisladores que votaron a favor y cuestionó a quienes intenten un eventual resello en el Congreso. “Cualquier diputado que vote por resellar esto debe ser señalado, para no decir palabras más fuertes”, aseveró Chaves en conferencia de prensa.
El proyecto de Ley de Ejecución de la Pena, expediente 24.019, fue presentado por el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, sobre una propuesta técnica del Poder Judicial. Su objetivo es regular la ejecución de sanciones penales y medidas de seguridad, buscando garantizar que las condenas se cumplan bajo estricta supervisión y con un enfoque de reinserción social.
La iniciativa recibió el respaldo de 33 legisladores en segundo debate. No obstante, seis diputados votaron en contra: los oficialistas Pilar Cisneros, Manuel Morales, Paola Nájera, Ada Acuña y Jorge Rojas, además de la liberacionista Carolina Delgado.
Giro en la postura oficial
El presidente calificó la iniciativa como un “desastroso proyecto” y una “alcahuetería” que permitiría a los jueces liberar reos sin criterio técnico. Sin embargo, el Gobierno mantuvo posturas contradictorias durante el proceso.
En diciembre de 2024, Chaves retiró el apoyo desconvocándolo del periodo de sesiones extraordinarias y calificándolo de “mamotreto”. Esto a pesar de que su propia administración la impulsó inicialmente. Incluso, la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, defendió y votó a favor del texto en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Por su parte, el Poder Judicial enfatizó que el texto salda una deuda de 50 años en legislación penal.
La institución subrayó que la propuesta fue construida en conjunto con el Ministerio de Justicia y Paz, liderado por Gerald Campos, y contó con criterios técnicos de la CCSS y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).