Gibraltar: las claves de un tratado que protege la soberanía británica
Cinco años después de que comenzaran las negociaciones para establecer el estatus definitivo de Gibraltar tras el Brexit, por fin hemos conocido esta mañana la letra pequeña de un tratado que el Gobierno no va a someter a la aprobación del Congreso de los Diputados.
A los largo de más de 600 páginas, el documento que ha publicado la Comisión Europea detalla en 336 artículos y 46 anejos cómo va a ser la relación con la ex colonia española tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Un contenido que Exteriores no ha revelado en ningún momento a la oposición pese a que el Gobierno gibraltareño que lidera Fabian Picardo ya compartió hace días con sus rivales políticos.
Aunque a estas alturas ya quedaban pocas dudas, desde Londres el Foreign Office ha emitido un comunicado en el que se declara vencedor porque el borrador del tratado "protegerá la soberanía del Reino Unido, la autonomía militar británica y asegurará su futuro económico". El compromiso de Reino Unido con el Peñón, añaden, es "inquebrantable".
Igualmente, Picardo se ha congratulado de que se trata de "un acuerdo seguro y protegido que hemos negociado junto con el Reino Unido y que protege inequívocamente nuestra posición sobre la soberanía, salvaguarda nuestra economía y brinda la certidumbre que nuestros ciudadanos y empresas necesitan".
La parte mollar del pacto ya es de sobra conocida. A partir del próximo 10 de abril desaparecen los controles fronterizos terrestres en la Verja y España asumirá los controles Schengen en el puerto y el aeropuerto gibraltareños. Esto significa que se establecerá para todo aquel que acceda por mar o aire un control dual: primero, por las autoridades de Gibraltar, y después por las españolas, que aplicarán el Código de Fronteras Schengen.
Un aspecto interesante es que el acuerdo obliga permite en la práctica que España pueda frenar permisos si chocan con criterios Schengen. Un punto que puede ser políticamente explosivo: un “Gibraltar británico” pero con un filtro migratorio español. Igualmente, el tratado contempla en su artículo 30 que se puedan reinstaurar los controles fronterizos en situaciones de "desorden público".