El veto a la guerra de Irán no habría cerrado todas las puertas a la colaboración con Estados Unidos
El presidente del Gobierno salió el lunes ante las cámaras con cuatro palabras: «No a la guerra». Fue una imagen cuidada, un mensaje limpio. El problema es que, mientras hablaba, al menos un C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea de EE UU acababa de despegar de Rota con destino a Sigonella, en Sicilia, y desde allí continuaba hacia el teatro de operaciones en Oriente Próximo. Nadie se lo impidió. El Convenio de 1988 tampoco lo exigía.
Entre el 27 de febrero y el 5 de marzo, analistas de aviación militar que rastrean tráfico ADS-B contabilizaron no menos de 40 movimientos de vuelo en Rota y Morón, con hasta ocho salidas diarias en los picos. Entre esos vuelos figuran KC-135 Stratotanker, C-17 Globemaster y C-130 Hércules. Los destinos intermedios son Aviano, Sigonella, Ramstein y Lajes, en Azores. Todos ellos son bases de países que sí autorizaron a Washington el uso de sus instalaciones para la Operación Epic Fury. Los tres destructores con base permanente en Rota ya estaban desplegados en el Mediterráneo oriental cuando empezaron los ataques.
Lo que no está probado es que aviones despegaran de suelo español directamente para bombardear Irán. Y hay una razón técnica que lo matiza: los aparatos documentados en Rota y Morón son, en su mayoría, C-17 Globemaster y C-130 Hércules —aviones de transporte de carga pesada, sin capacidad de ataque— y KC-135 Stratotanker, cuya misión es el reabastecimiento en vuelo de otros aviones, no el bombardeo. Ninguno de ellos lanza misiles ni porta bombas. Lo que sí pueden hacer, y es la clave del debate, es permitir que los que sí bombardean lleguen más lejos y más rápido. Esos volaron hacia bases intermedias en países aliados. Lo que ocurrió desde allí, no es un hecho verificado. Y probable no es sinónimo de probado.
Una historia más compleja de lo que parece
La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró el 2 de marzo, en Armilla, que «no se ha dado ningún tipo de asistencia». Los destructores de Rota operaban en el Mediterráneo oriental. EE UU usó las bases como escala para reposicionar sus aviones cisterna hacia Alemania y Francia sin que España pusiera obstáculo alguno. El espacio aéreo permaneció abierto para el tránsito de aeronaves militares durante toda la semana.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, dijo que las bases no se usarán «para nada que no esté en el tratado». Eso es, técnicamente, correcto. El Convenio de 1988 no prohíbe los vuelos de transporte entre bases de países aliados. EE UU no vulneró el convenio. Si los aviones solo comunican el paso a una base aliada, no están violando ningún artículo que se hubiera firmado con anterioridad.
Esta situación demuestra que no es un relato de blancos y negros, sino que tiene más grises de los que podría caber. Además, la capacidad de maniobra de España también es limitada ya que existen muchos vacíos que puede navegar Estados Unidos para cumplir con sus objetivos.
EE UU perdió el uso directo de los aviones cisterna para el reabastecimiento en vuelo desde suelo español. Eso obligó a reconfigurar rutas, a concentrar más carga en Ramstein y en bases británicas, y probablemente encareció y alargó algunas misiones. No es un contratiempo menor: los KC-135 son la columna vertebral de las operaciones aéreas de largo alcance; sin ellos, los bombarderos B-2 de Whiteman tuvieron que volar 37 horas de ida y vuelta desde Missouri. El veto tuvo un efecto real y medible.
Pero ese mismo EE UU siguió usando Rota como escala logística para sus aviones de transporte, siguió contando con tres destructores salidos de Cádiz y siguió cruzando el espacio aéreo español sin restricción. No es extraño que Trump amenazara con cortar el comercio con España y luego siguiera utilizando sus instalaciones. En la práctica, seguía teniéndolas.
La complejidad de la situación deja abiertas múltiples interpretaciones, tanto a favor del cumplimiento del veto como en su contra. Lo que sí puede decirse es que hay una distancia apreciable entre lo que las declaraciones oficiales transmiten y lo que los datos de rastreo y el movimiento de buques permiten documentar. El Gobierno elige enfatizar lo que el convenio prohíbe. Lo que el convenio permite —y que EE UU ha usado con toda normalidad esta semana— aparece en un plano muy secundario de su comunicación.
El argumento de que «los militares americanos deciden qué hacer con sus aviones» cuenta con el respaldo jurídico en parte del Convenio de 1988. Pero es también una confesión involuntaria: el Gobierno admite que hay límites a lo que controla en sus propias bases en mitad de una guerra que ha declarado contraria a la legalidad internacional.
Hay una contradicción que Sánchez tendrá que resolver antes del 22 de mayo, cuando vence ese convenio. No puede sostener indefinidamente que España es ajena al conflicto mientras tres de sus destructores patrullan el Mediterráneo oriental, sus bases sirven de escala en el puente aéreo logístico y su espacio aéreo permanece abierto. O negocia una restricción efectiva en la renovación del acuerdo, o la imagen de no beligerancia seguirá dependiendo de que nadie haga demasiadas preguntas.
De momento, lo segundo es más cómodo.