Editorial: La democracia que sostiene los derechos de las mujeres
El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, se suele convocar a reflexionar sobre los pendientes en materia de derechos de las mujeres. Sin embargo, la coyuntura actual obliga también a recordar que los avances que hoy existen en nuestro país no surgieron orgánicamente. Son el resultado de luchas sociales, de movilización colectiva y de disputas políticas sostenidas durante décadas, que terminaron por transformar la normativa, la institucionalidad y la justicia. Esos cambios han materializado el reconocimiento de derechos, cuya garantía solo es posible dentro del marco del Estado social y democrático de derecho.
A pesar de sus tensiones y contradicciones, ha sido la democracia costarricense lo que ha permitido que esas disputas sociales encontraran mecanismos institucionales que concretaran esas reformas legales y políticas públicas. Desde esa perspectiva, los derechos de las mujeres constituyen un proceso histórico en disputa permanente y, por lo tanto, no son irreversibles, sino que siempre estarán en riesgo.
En este contexto, resulta particularmente preocupante cuando el máximo representante del país cuestiona los límites institucionales que sostienen la democracia constitucional: el miércoles anterior, el presidente Rodrigo Chaves afirmó públicamente que no respetaba a la Sala Constitucional. Más allá de la coyuntura política, este tipo de declaraciones busca derribar uno de los pilares del sistema democrático: el principio de que el poder público está sometido a “la ley” y, por lo tanto, al control constitucional.
Esta discusión se refleja en la persistente brecha entre igualdad formal e igualdad sustantiva. La primera se expresa en el reconocimiento jurídico de derechos y en normas que prohíben la discriminación o buscan ampliar la participación de las mujeres. La igualdad sustantiva, en cambio, implica transformar las condiciones materiales, económicas y culturales que históricamente han limitado el ejercicio efectivo de esos derechos.
Costa Rica ha construido un robusto marco normativo –desde legislación sobre violencia contra las mujeres hasta reformas electorales orientadas a la paridad–, pero la existencia de la norma no equivale automáticamente a protección efectiva, y en muchas ocasiones ha sido necesario recurrir a la Sala Constitucional para resolver estas tensiones.
Este contraste se vuelve evidente cuando se observan simultáneamente avances institucionales y desigualdades persistentes. Por primera vez en la historia del país, la Asamblea Legislativa contará con una mayoría de mujeres: 30 diputadas frente a 27 diputados. Este hito refleja el impacto de reformas electorales que incorporaron acciones afirmativas para corregir exclusiones históricas en la representación política.
Sin embargo, este avance convive con indicadores que muestran la persistencia de la violencia contra las mujeres. El aumento de los femicidios el año pasado y los ocho casos registrados en lo que va de 2026 recuerdan que la violencia basada en género continúa siendo una realidad alarmante. El femicidio no puede entenderse como un hecho aislado, sino como la expresión más extrema de un continuo de violencia estructural.
Un ejemplo es que, según datos del Idespo-UNA, cuatro de cada diez mujeres han tenido que reducir su jornada laboral o abandonar su empleo para asumir tareas de cuidado en el hogar. Estas cifras muestran que la desigualdad se traduce en pérdida de ingresos, menor autonomía económica y limitaciones concretas para ejercer derechos y, por lo tanto, en mayores condiciones de vulnerabilidad frente a distintas formas de violencia.
En este contexto, la brecha entre un marco jurídico avanzado y una aplicación institucional insuficiente se vuelve evidente. Las políticas públicas orientadas a prevenir la violencia y garantizar igualdad requieren algo más que normas: necesitan instituciones sólidas, recursos adecuados y una implementación efectiva. Cuando surgen cuestionamientos sobre la ejecución o eficacia de programas públicos orientados a prevenir la violencia –como ocurre actualmente con el análisis de la Defensoría de los Habitantes sobre los Puntos Violeta– se evidencia que el desafío no es únicamente aprobar leyes, sino garantizar que las instituciones tengan la capacidad real de implementarlas y sostenerlas.
Las luchas de las mujeres transformaron profundamente la democracia costarricense. El desafío actual no consiste únicamente en conquistar nuevas garantías, sino en sostener las ya alcanzadas frente a retrocesos nacionales y globales. La historia demuestra que los derechos rara vez desaparecen de un día para otro, sino que se van erosionando cuando se dan por sentados.
Por eso, los derechos de las mujeres siguen siendo un proceso histórico en disputa permanente. Su defensa también debe serlo. El Estado social y democrático de derecho es, en última instancia, la condición que permite que esos derechos se materialicen en la vida cotidiana de todas las mujeres.