Diputada de gobierno insta a renunciar a directores de Teatro Nacional y Patrimonio por daños en el edificio
La diputada oficialista Ada Acuña instó a renunciar a Guillermo Madriz Salas, director del Teatro Nacional de Costa Rica (TNCR), y José Fernando Madrigal, director de la Dirección de Patrimonio Cultural (DPC), debido a las intervenciones de restauración en el inmueble.
“Si yo estuviera en su lugar, pongo mi renuncia”, declaró la diputada de la fracción de gobierno.
Durante la sesión de este jueves 12 de marzo de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, Acuña externó su “indignación” por las obras aplicadas al edificio entre octubre y noviembre de 2025 que, según un informe de Patrimonio revelado por La Nación, causaron “daños irreversibles” en las puertas centenarias.
“Quiero verlos a los ojos y decirles que para todos nosotros que vivimos y crecimos con el Teatro Nacional, esto es un dolor y una tristeza muy grande (...). Un descuido de esta magnitud debe de tener consecuencias”, expresó Acuña.
“Hay una responsabilidad ética, hay una responsabilidad técnica y el Teatro Nacional es el teatro de todos los costarricenses (...). Me parece que la actitud (de los directores) no viene, ni mejora, ni ayuda, ni aclara”, añadió.
La Asamblea Legislativa investiga los daños provocados en el Teatro Nacional a partir de los informes técnicos emitidos por la Dirección de Patrimonio y la resolución que emitió la Sala Constitucional para detener las obras y determinar a los responsables de los daños.
Revista Dominical dio a conocer en febrero que Patrimonio había alertado de daños “irreversibles” en las puertas del Teatro Nacional que estaban en proceso de restauración.
Asimismo, el 5 de marzo, la Fiscalía Adjunta Ambiental informó de que abrió de oficio una causa penal por los daños ocasionados al intervenir las puertas y otras estructuras del Teatro Nacional de Costa Rica.
La causa se tramita dentro del expediente 26-000015-0611-PE.
El artículo 20 de la Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica impone prisión de uno a tres años a quien dañe un inmueble declarado de interés histórico arquitectónico.