El polémico borrador del Gobierno para la jubilación anticipada de los policías nacionales: solo beneficia a un tercio y afectará a su bolsillo
El Ejecutivo de Pedro Sánchez se niega a reconocer a los policías nacionales y guardias civiles como profesionales de riesgo. A su juicio, no existe como tal un listado de "profesiones de riesgo", pese a que otras policías (mossos, ertzainas, locales...) sí están reconocidas, lo que les permite jubilarse de forma anticipada (59 años) cobrando el 100% de su sueldo. Y aquí está la clave, el Ministerio del Interior se niega a asumir este nuevo coste.
El 21 de mayo del pasado año, una sentencia del Tribunal Supremo (TS) obligaba al Gobierno a "iniciar el procedimiento y elaborar una disposición reglamentaria para la regulación de la jubilación anticipada para los miembros de la Policía Nacional encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social en condiciones de igualdad con el resto de cuerpos policiales autonómicos y locales". Una obligación que el alto tribunal tuvo que recordarle hace apenas un mes a través de "un procedimiento de ejecución forzosa".
El ultimátum tuvo efecto y el Gobierno ya tiene su borrador para el real decreto. Un texto que ya ha provocado la indignación de los agentes: "De salir adelante, será uno de los mayores ataques a los derechos de los policías". Porque, a juicio de la Confederación Española de la Policía (CEP), "amputa el derecho a la jubilación anticipada a dos tercios de los policías". ¿El motivo? Esta medida solo afectará a un tercio de los agentes, los que pertenecen a la Seguridad Social, ya que la sentencia del Supremo no incluye a los policías nacionales integrados en el régimen de Clases Pasivas. "Ellos no podrán tenerla pese a que llevan décadas dejándose la piel y jugándose la vida por los demás", denuncian.
Afectará a la nómina de los agentes
En este punto, el borrador que maneja el Gobierno, ya incumple con el principal objetivo, que no es otro que terminar con las desigualdades entre policías. Aunque no es el único "pero" de un texto que establece que no se cumplirá hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado y, en este momento, "ni están ni se les espera". Finalmente, y lo más preocupante, se encuentra en la letra pequeña, ya que, según explican desde la CEP, "de aprobarse ese real decreto, los compañeros de la Seguridad Social que quieran jubilarse antes deberán pagar por ello".
Y es que el Ejecutivo no se haría cargo del coste total que implica esta medida. "Se les quitaría del sueldo porque el coste de esa jubilación anticipada saldría de una cotización adicional del 10,6%, repartida entre el Estado (8,84%) y el policía (1,76%). Es decir, habrá detracción en nómina para hacer frente al coste", explican desde este sindicato policial.
Desde la CEP apuntan que el esquema que sigue el borrador del real decreto de jubilación anticipada para la Policía Nacional es "casi calcado al de las Policías Locales y al de otros coeficientes reductores ya existentes". Reconoce un coeficiente del 0,20 por años completos trabajados, fija un adelanto máximo de cinco años respecto de la edad ordinaria (o de seis años si se acreditan treinta y siete años de actividad efectiva y cotización) y computa como cotizado el tiempo de reducción, a efectod de determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora.
Castigo a la Guardia Civil
La Confederación Española de la Policía declaró el conflicto colectivo permanente y no asiste a las reuniones del Consejo de la Policía, al igual que otros sindicatos como Equiparación Ya (EYA). El motivo, la falta de respuesta del Ministerio del Interior, cuyo titular es Fernando Grande-Marlaska, a las reivindicaciones de los agentes.
Este miércoles, las asociaciones representativas de la Guardia Civil (UO, ASESGC, AUGC, JUCIL, APC-GC, AEGC e IGC) en unidad de acción, han abandonado el Pleno del Consejo del Instituto Armado como protesta por la tramitación de este proyecto de real decreto por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación para los policías adscritos al régimen de la Seguridad Social.
"No podemos tolerar que se esté tramitando un proyecto de real decreto que reconoce la profesión de riesgo solo para los policías nacionales", denuncian. Asimismo, consideran que el único motivo esgrimido por el Ejecutivo para excluir a los guardias civiles es su "naturaleza militar", pese a que llevan años solicitando que se les considere profesión de riesgo en igualdad de condiciones que el resto de policías del Estado.
Y por todo ello, "ante este hecho tan grave", todas las asociaciones anuncian al unísono que no participarán en los próximos grupos de trabajo, comisiones y plenos, hasta ser convocados por la Secretaría de Estado de Seguridad o el mismo Grande-Marlaska para abrir una mesa de diálogo y alcanzar las mismas condiciones económicas de jubilación que el resto de cuerpos policiales.
¿Estamos ante un avance histórico?
La Confederación Española de la Policía considera que el Gobierno pretende vender como "avance histórico" un proyecto de norma que ni resuelve la jubilación anticipada en la Policía Nacional ni corrige la discriminación estructural dentro del Cuerpo.
La visión del sindicato JUPOL es más optimista, aunque señala que este logro no responde a una "iniciativa voluntaria" del Gobierno, sino que es consecuencia directa de una sentencia ganada por este sindicato en el Tribunal Supremo. Y si bien solo afecta a aquellos agentes que pertenecen a la Seguridad Social, "abre el camino y desbloquea la posibilidad de mejorar la jubilación también de las Clases Pasivas".
En este punto, insisten en que este real decreto "no perjudica en absoluto a las actuales condiciones de jubilación de los compañeros adscritos al régimen de Clases Pasivas" y que la lucha por una jubilación digna para todos no ha terminado. "no vamos a dejar a nadie atrás y seguiremos impulsando todas las acciones necesarias para garantizar que todos los policías nacionales, independientemente del régimen de cotización al que estén adscritos, accedan a una jubilación digna en condiciones de plena igualdad", matizan.