Frente Amplio pone sobre la mesa paquete fiscal de 11 proyectos: ‘La crisis fiscal no la puede pagar el pueblo’
La fracción política del Frente Amplio (FA) puso sobre la mesa, este miércoles, un paquete de 11 proyectos de ley que calificó como un “paquete fiscal” para que Costa Rica pueda afrontar la situación del erario público sobre la que ya ha lanzado varias advertencias el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Se trata de seis expedientes legislativos que ya están en la corriente legislativa y cinco iniciativas de ley nuevas, que el FA instó al gobierno a apoyar, a través de la convocatoria de los proyectos para que empiecen su trámite o bien lo continúen, en el caso de los proyectos ya existentes.
El jefe de fracción frenteamplista, José María Villalta, aseguró que Costa Rica está a las puertas de una crisis fiscal, parecida o peor que en 2018.
El diputado añadió que ya el gobierno no tiene dónde recortar el gasto público, con programas sociales, de salud, seguridad, educación y protección social sumamente debilitados.
Villalta aseguró que tampoco se le puede seguir cargando impuestos a la clase trabajadora, a través de las medidas más fáciles, como el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) a los productos de la canasta básica.
Entre los proyectos ya existentes, el Frente Amplio pide el apoyo del gobierno para que avancen las siguientes iniciativas, tal como las explicó la subjefa de la fracción, María Eugenia Román:
-Regulación y congelamiento de los salarios de los jerarcas de los supremos poderes: desde ministros, viceministros y presidentes ejecutivos, hasta diputados y magistrados (expediente legislativo 25.198).
-Eliminación de la pensión vitalicia de expresidentes de la República (exp. 24.793).
-Reincorporación de las rentas pasivas extraterritoriales, cobro tributario eliminado con una reforma aprobada en 2024, sin apoyo del FA ni de la bancada oficialista que lideraba Pilar Cisneros en aquel momento. Busca gravar el gran capital de empresas o personas con capacidad suficientes, de recursos obtenidos en el país, pero que se invierten en el extranjero (exp. 24.206).
-Fortalecimiento del artículo 106 ter del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, para evitar que sea obligatorio obtener una autorización judicial para que la Dirección General de Tributación pueda revisar el pago de impuestos y otros datos de los contribuyentes (exp. 25.460).
-Leyes para el fortalecimiento del control tributario (expedientes 23.759 y 25.320).
-Ley para garantizar la elaboración anual del informe de incumplimiento tributario por parte del Ministerio de Hacienda (exp. 25.626).
Emplazamiento a Laura Fernández
Además del anuncio público de los proyectos de ley, el FA envió una carta a la presidenta de la República, Laura Fernández, donde la emplazan a tomar en cuenta sus propuestas de ley enfocadas en la persecución de la evasión fiscal y el fraude tributario, sin golpear a la población ni los programas sociales.
“Queremos emplazar al Poder Ejecutivo, a la presidenta de la República y al ministro de Hacienda, porque la economía jaguar es un fraude, un fracaso, y eso queda demostrado con la crisis fiscal que se avecina. La crisis fiscal no la puede pagar el pueblo, cuando hay altos jerarcas del gobierno que reciben salarios de ¢6 millones u ¢8 millones", dijo Edgardo Araya.
En la carta se citan cinco nuevos proyectos de ley, presentados este miércoles, que también se le pide al Ejecutivo convocar a sesiones extraordinarias:
-Reforma para fortalecer la lucha contra el incumplimiento tributario, mediante la incorporación de causas de responsabilidad solidaria por obligaciones tributarias (exp. 25.648).
-Fortalecimiento de la norma de subcapitalización (exp. 25.651).
-Límite al gasto estatal en las campañas políticas de 2030 y 2032, por medio de una modificación al Código Electoral para que la contribución estatal sea del 0,085% del PIB y no del 0,19% establecido por norma constitucional (exp. 25.652).
-Ley de prohibición a jerarcas y servidores públicos de participar en paraísos fiscales (exp. 25.649).
-Ley para fortalecer el combate al delito de fraude a la hacienda pública (exp. 25.650).
