Nueve imanes fueron expulsados de España por yihadismo durante el año pasado
A lo largo de 2025, las autoridades españolas procedieron a la expulsión de al menos 25 personas sospechosas de actividades de radicalización yihadista. Entre los expulsados se encontraban nueve predicadores, algunos de ellos imanes oficiales de mezquitas y otros que ejercían un papel similar de manera informal. Cinco de los predicadores expulsados del territorio nacional desarrollaban su actividad en Cataluña, otros dos en Navarra y los dos restantes en Andalucía, según el informe delMemorial de Víctimas del Terrorismo, que dirige Florencio Domínguez.
Trece de los expulsados eran naturales de Marruecos, tres de Pakistán, dos tunecinos, otros tres eran de Egipto, Argelia y Holanda y hay cuatro casos en los que no consta la nacionalidad. Entre los que fueron conducidos a sus países de origen se encontraban dos individuos que habían combatido en las filas del Estado Islámico (Dáesh, Isis) en zonas de conflicto y que, posteriormente, habían vuelto a España.
También se produjo el hecho novedoso de la expulsión de un individuo acusado de estar vinculado con el Estado Islámico del Jorasán (ISKP). El expulsado fue identificado a raíz de una operación realizada por el ejército de Estados Unidos en Jalalabad (Afganistán).
Algunos de los expulsados habían sido detenidos por actividades terroristas y sentenciados por los tribunales, pero también hubo casos de expulsiones de individuos considerados como una amenaza para la seguridad nacional por la defensa de postulados extremistas y la realización de interpretaciones radicales del islam.
El 10 de enero del pasado año, fue expulsado Houmat Bouzelmat, ciudadano marroquí, de 44 años, que ejercía como director del Centro Cultural Islámico en La Junquera, y que había sido investigado por la Guardia Civil por delito de terrorismo y por difundir a través de internet mensajes contrarios a los valores constitucionales.
El día 16 fue expulsado otro imán de nacionalidad marroquí, Mohamed Azougah, nacido en 1982, que ejercía en una mezquita de la localidad de Figueres donde había difundido mensajes salafistas radicales. La expulsión se llevó a cabo después de ser rechazados los recursos presentados ante los tribunales.
El 22 de enero, la Policía Nacional expulsó a otro ciudadano marroquí que ejercía como imán de una mezquita en Navarra aprovechando esta situación para difundir mensajes extremistas en favor de la yihad. Además, había amenazado a un sacerdote de una iglesia de Pamplona.
El 4 de febrero fue expulsado a Marruecos un ciudadano de este país, detenido el 17 de junio de 2023 cuando ejercía como imán de una localidad de Huelva. Fue condenado a tres años de cárcel, pero se sustituyó el cumplimiento de la pena por su expulsión. Se encontraba en el centro penitenciario de A Lama y había jurado fidelidad al Dáesh.
En abril, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional rechazó el recurso presentado por un imán de Pamplona contra la decisión del Ministerio del Interior de expulsarlo de España. La resolución de Interior exponía con detalle las actividades del recurrente, “de difusión pública de ideología extremista violenta, defendiendo ideas contrarias al ordenamiento jurídico español, tanto en predicaciones públicas (como imán en mezquitas), como con publicaciones en redes sociales en internet”, según señaló el fallo judicial que, además, sostenía que tanto el recurrente como su familia carecían “de toda integración con el lugar donde residen legalmente”.
Otro imán que dirigía una mezquita de Tarragona vio cómo, en mayo, los tribunales rechazaban su recurso contra la orden de expulsión dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad que en base a un informe de la Comisaría General de Información había descubierto la amplia influencia que tenía este individuo y el “radicalismo ideológico” que mostraba. El imán, según la sentencia, buscaba el adoctrinamiento de sus seguidores difundiendo mensajes favorables al yihadismo, instaba a vivir “conforme a la sharía y no conforme al ordenamiento jurídico español”. Además, tenía vinculaciones con individuos radicales relacionados con el terrorismo. Una parte fundamental de su actividad estaba dirigida a radicalizar a jóvenes, a menores no acompañados.
El Ministerio del Interior expulsó a un vecino de Olot (Gerona) de nacionalidad marroquí por representar un peligro para la seguridad nacional y difundir mensajes radicales de inspiración salafista. El sancionado, que había intentado ser imán de una mezquita aunque fue rechazado, defendía la aplicación de la ley islámica, la desobediencia a las leyes y la supeditación de la mujer. Aunque no ejercía como imán oficial, actuaba como predicador en algunos ámbitos de la zona en la que vivía.
La Audiencia Nacional dio el visto bueno, en el mes de julio, a la expulsión de otro imán de una mezquita de las más radicales de Barcelona. “Esta mezquita –señalaba el informe elaborado por la Comisaría General de Información– estaba liderada por miembros de la comunidad musulmana de dicho municipio relacionados con la célula islamista desarticulada en el marco de la operación policial denominada Chacal en 2005”. El imán sancionado logró convertirse en uno de los líderes radicales de la mezquita donde, “dada su gran influencia sobre los fieles, especialmente sobre los jóvenes, aprovechaba para hacer proselitismo, difundir postulados salafistas y destituir a quién no compartía su radicalismo”. Se convirtió en presidente de la asociación de la mezquita, dirigió los rezos tras la destitución del imán titular y su influencia en la zona creció. Este imán defendía un islam rigorista y ortodoxo sin excepciones ni condiciones, “lo que supone que el derecho islámico, sharía, debe cumplirse por encima de todo, incluso de las leyes del país de residencia. Un ejemplo de su predicamento es su rechazo a las costumbres occidentales y la prohibición a los fieles, entre otras cosas, de tener relaciones sentimentales con mujeres españolas. También promueve actividades de recaudación y financiación para que sus postulados tengan un mayor alcance en la comunidad”. Las actividades del imán expulsado fueron consideradas como “contrarias a la seguridad nacional” y, por ello, como una amenaza para la seguridad pública.
En diciembre, la Audiencia Nacional confirmó otra orden de expulsión dictada contra un imán de nacionalidad egipcia que ejercía en la mezquita Attawhid de Córdoba por “realización de actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, de acuerdo con la denuncia formulada por la Comisaría General de Información”. La investigación realizada por la Policía vinculaba al expulsado con “una estructura consolidada de captación y adoctrinamiento de individuos para organizaciones terroristas yihadistas, a través de una red organizada de imanes distribuidos por diferentes centros musulmanes de Madrid”. En esa estructura, conocida como Brigada Al Ándalus, el imán egipcio realizaba actividades de reclutamiento de radicales para ir a combatir a Siria en las filas del Dáesh.
Por otra parte, agrega el informe, la implicación de menores de edad en actividades relacionadas con el yihadismo sigue provocando la alarma de las autoridades europeas que se enfrentan a un fenómeno que no tiene visos de frenarse. Numerosos países europeos han tenido que llevar a cabo operaciones contra jóvenes menores de edad involucrados en estas actividades terroristas y España no ha sido la excepción.
En 2025 fueron detenidos 14 menores de 18 años, uno menos que los arrestados el año precedente, pero muy por encima de los siete años anteriores. Francia, a su vez, también registra datos superiores a los de España como ha ocurrido desde 2023. A la cifra de detenidos que no llegaban a los 18 años hay que añadir otros 37 que tenían entre esa edad y los 25 años. Es decir, más de la mitad de los detenidos eran jóvenes de hasta 25 años. Estas cifras, no muy distintas a las que se registran en otros países, justifican la preocupación de las autoridades por la radicalización violenta de los jóvenes.
En España, en los nueve años transcurridos entre 2014 y 2022, fueron arrestados 15 menores de edad por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista, pero en el último trienio la cifra de detenidos con menos de 18 años asciende a 35. Estos datos son significativos de la extensión de la radicalización juvenil hacia la violencia que se han producido en los últimos años. “Son generaciones digitales que se mueven en el ámbito de internet”, explica un experto del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.
Por eso, una de las actividades de este organismo consiste en trabajar para conseguir la Balance del terrorismo en España 2025 44La implicación de menores en actividades violentas sigue siendo alta retirada de los contenidos ilícitos de las redes sociales que alientan esa radicalización. Los datos de los tres últimos años muestran el aumento de la retirada de ese tipo de contenidos. En 2023, se emitieron 2.862 notificaciones a los responsables de las plataformas tecnológicas con información sobre la presencia de contenidos ilícitos. La cifra subió a 3.208 al año siguiente y a 13.411 en 2025. En el 75 % de los casos los contenidos fueron retirados voluntariamente por las plataformas tras ser alertadas por las autoridades. España realiza un trabajo muy intenso en este terreno ya que el 45 % de los contenidos ilícitos retirados en Europa lo fueron a propuesta de las autoridades españolas. De los catorce menores detenidos, seis eran españoles, cuatro marroquíes, uno sirio y no consta la nacionalidad de los otros tres. De este grupo de menores, trece eran chicos y solo había una mujer. Entre los arrestados había al menos cuatro jóvenes con 15 años, dos con 16 años y otros cuatro con 17. No consta la edad de los otros cuatro menores detenidos. A los arrestados en territorio español hay que sumar otro menor capturado en México como consecuencia de una investigación en la que participó la Guardia Civil. Las autoridades suelen ser cautas a la hora de informar de los motivos de los arrestos cuando los detenidos son menores de edad.
A pesar de ello, a través de lo poco que ha trascendido se ha podido saber que buena parte de los arrestados tenían afinidad con el Estado Islámico y hacían propaganda de este grupo a través de las redes sociales. En un caso concreto se detectó la extrema radicalización de un menor que anunciaba su voluntad de trasladarse a territorio controlado por el Dáesh para combatir. Este menor, de nacionalidad española, aunque de padres marroquíes, tenía un comportamiento problemático y había dejado de acudir al colegio. El caso más grave lo representó un joven de nacionalidad española, de 17 años, detenido por vez primera en la localidad de Santa Coloma de Gramanet acusado de realizar preparativos para cometer un atentado. Pocos días después fue vuelto a detener, en esta ocasión en Madrid, cuando la Policía comprobó que seguía empeñado en llevar a cabo un acto terrorista y que no había desistido pese al arresto anterior.