Gobernador regional de Cusco denuncia a Rafael Santos por expresiones racistas
El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, presentó una denuncia penal contra Rafael Santos por sus declaraciones sobre la población cusqueña. El exalcalde de Pueblo Libre sostuvo que la falta de oxígeno por la altura afectaba la capacidad de los ciudadanos para razonar y decidir su voto. Por estas afirmaciones, el gobernador denunció al excandidato por presunta discriminación.
La denuncia señaló que Santos atribuyó a los habitantes del Cusco una supuesta incapacidad para tomar decisiones adecuadas y relacionó su comportamiento electoral con el llamado “síndrome de Estocolmo”. El documento consideró que estas expresiones afectaron a la población de una región de manera colectiva.
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Durante la entrevista que motivó la denuncia, Santos rechazó que sus comentarios fueran racistas o clasistas. Afirmó que se trataba de un asunto “físico” y “psicológico”. También sostuvo que la falta de oxígeno en las zonas de altura explicaba, según su argumento, la forma en que parte de la población votaba.
El exalcalde también mencionó a Puno y afirmó que otras regiones ubicadas en zonas altas presentaban el mismo supuesto problema. En sus declaraciones sostuvo que sus comentarios no tenían relación con el color de piel o la condición social, sino con la altura y el oxígeno disponible.
El caso también generó un pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. La ANGR, que reúne a los 25 gobernadores regionales del país, rechazó las expresiones que consideró racistas y discriminatorias y pidió que las autoridades competentes determinen las responsabilidades que correspondan.
ANGR rechaza expresiones racistas y discriminatorias
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales expresó su rechazo a los discursos racistas y discriminatorios atribuidos a autoridades y comunicadores políticos tras los resultados preliminares de las elecciones regionales y municipales. El pronunciamiento fue emitido el 7 de octubre y llevó la representación de los 25 gobiernos regionales del país.
La ANGR sostuvo que este tipo de expresiones no afecta únicamente a una región. Señaló que discriminar a una persona por su origen, identidad, lengua o cultura constituye una agresión contra el país en su conjunto. Por ello, pidió al Ministerio de Cultura y a las autoridades de justicia que investiguen los hechos y determinen las sanciones que correspondan.
El organismo también recordó que las autoridades políticas deben defender la igualdad ante la ley. En su pronunciamiento señaló que la discriminación está considerada como delito en el Código Penal y cerró su mensaje con un llamado contra el racismo y la discriminación, además de una defensa de los pueblos andinos y amazónicos.