Un país de América Latina recibe toneladas de ropa usada de Europa y termina abandonada en uno de los desiertos más áridos del mundo
En pleno desierto en América Latina, se acumulan más de 60.000 toneladas de ropa abandonada, parte de ella procedente de Europa y otras regiones del mundo. La magnitud de este vertedero textil es tan grande que sus residuos pueden distinguirse en imágenes satelitales, según SkyFi.
El problema está relacionado con el comercio internacional de prendas usadas y el impacto de la moda rápida, que acelera la producción y el descarte de ropa. Miles de prendas que no encuentran salida comercial terminan en el desierto, donde su acumulación representa un desafío ambiental para las comunidades cercanas.
¿Cómo termina la ropa usada de Europa en el desierto de Atacama?
La ruta de estos residuos comienza en el puerto de Iquique, en el norte de Chile, donde llegan cargamentos de ropa usada procedentes del viejo continente. Desde allí, las prendas se trasladan a la zona franca de Alto Hospicio para su distribución y comercialización en distintos mercados de Latinoamérica.
Sin embargo, una parte de la mercancía no consigue compradores y acaba abandonada en terrenos del desierto. La falta de una gestión adecuada y de responsables que asuman los costes de eliminación ha contribuido a la acumulación de miles de toneladas de textiles, entre los que se han identificado etiquetas de marcas internacionales.
La contaminación textil amenaza al desierto y a las comunidades cercanas
El impacto de este vertedero va más allá del paisaje: la acumulación de prendas y su quema pueden contaminar el suelo y el aire, además de generar riesgos para las aguas subterráneas. Los tejidos sintéticos, como el poliéster, pueden liberar sustancias contaminantes al arder, mientras que algunos habitantes de Alto Hospicio han denunciado molestias respiratorias relacionadas con el humo.
La crisis también ha llegado al ámbito judicial. El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta determinó que el Estado chileno tuvo responsabilidad por omisión al no prevenir ni controlar durante años la acumulación ilegal de residuos textiles y ordenó un plan de reparación ambiental de diez años. No obstante, la decisión fue apelada por el Consejo de Defensa del Estado, por lo que el proceso continúa pendiente.