El Gobierno, en campaña con el BOE

El Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido la recta final hacia las elecciones del 29 de noviembre en una sucesión de promesas sociales, compromisos presupuestarios y decretos de urgencia que plantea un serio problema de neutralidad institucional. En apenas tres semanas el Ejecutivo ha desplegado más de treinta iniciativas dirigidas a distintos colectivos, desde pensionistas y funcionarios hasta agricultores y demandantes de vivienda. El Consejo de Ministros se ha transformado en un escaparate de medidas electorales, mientras el Boletín Oficial del Estado adquiere un protagonismo impropio de una campaña en la que deberían competir los partidos, no los recursos públicos a su disposición. Nadie discute que un Gobierno conserve sus competencias tras la disolución de las Cortes. Tampoco que determinadas medidas sociales puedan resultar necesarias o beneficiosas. La cuestión es otra: por qué iniciativas que permanecieron pendientes durante años adquieren carácter urgente cuando faltan semanas para las urnas. La subida salarial de los empleados públicos , las mejoras en las pensiones, las ayudas a la vivienda y la proliferación de subvenciones componen una secuencia cuya oportunidad política es difícil de ignorar. Especialmente significativo es el recurso reiterado al decreto ley, concebido para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, no como procedimiento ordinario para acelerar compromisos electorales. A ello se añade una circunstancia particularmente delicada: el Ejecutivo ha recuperado decretos rechazados por el Congreso para someterlos a una Diputación Permanente cuya composición le resulta favorable. Aunque este procedimiento tenga encaje constitucional, merece un examen crítico desde la perspectiva del respeto al control parlamentario. No puede confundirse la concesión directa de subvenciones, excepcionalmente prevista por el ordenamiento, con una facultad discrecional para distribuir recursos públicos sin suficiente justificación y transparencia. La Junta Electoral Central ya ha abierto un expediente sancionador a Sánchez por sus declaraciones desde la Moncloa tras el Consejo de Ministros del 6 de octubre. No estamos, por tanto, únicamente frente una controversia sobre intenciones políticas, sino ante actuaciones sometidas al escrutinio del organismo encargado de garantizar la neutralidad electoral. Lo más preocupante es la normalización de estas prácticas. La confusión entre partido, Gobierno y Estado ha alcanzado tal grado que conductas antes merecedoras de un amplio reproche público hoy parecen incorporadas a la política. Lo mismo ha ocurrido con los Presupuestos. Esa pérdida de sensibilidad institucional constituye uno de los legados más inquietantes del sanchismo. Una democracia no se preserva sólo mediante el cumplimiento de las leyes, sino también mediante la contención de quienes ejercen el poder. Gobernar hasta el último día es una obligación; utilizar ese tiempo para obtener ventajas electorales mediante los instrumentos del Estado exige una vigilancia especialmente rigurosa. La alternancia democrática necesita reglas respetadas por todos, también por quienes temen perder el Gobierno.