Silencio empresarial en torno a Ferrovial
La CEOE, que preside Antonio Garamendi, ha sido moderada en sus críticas al presidente Sánchez por la agresiva respuesta del Gobierno en contra de la decisión de la empresa Ferrovial de trasladar su sede social a los Países Bajos. Y aunque imaginamos que los presidentes de otras grandes compañías han llamado a Rafael del Pino …
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La CEOE, que preside Antonio Garamendi, ha sido moderada en sus críticas al presidente Sánchez por la agresiva respuesta del Gobierno en contra de la decisión de la empresa Ferrovial de trasladar su sede social a los Países Bajos.
Y aunque imaginamos que los presidentes de otras grandes compañías han llamado a Rafael del Pino para solidarizarse personalmente con él, parece que estos empresarios no quieren presentarse ante la opinión pública con una declaración o comunicado conjunto, exigiendo al Gobierno respeto a las legítimas decisiones de las empresas españolas y a la legalidad española y europea que ampara la decisión de Ferrovial.
Es decir, parece que en el mundo empresarial se impuso la ley del silencio para no amplificar el debate, por temor a Sánchez (y a su no menos agresivo aparato de propaganda y comunicación), o porque alguno de ellos puede que no esté de acuerdo con la decisión de Ferrovial.
Lo cierto es que impera un notable silencio empresarial cuando lo que está en juego es la propia libertad de empresa en el marco legal español y en el de la Unión Europea. Y ya veremos si el Gobierno adopta algunas medidas represivas y administrativas contra Ferrovial para impedir el cambio de su sede, en cuyo caso se abriría una complicada y larga batalla judicial.
También Ferrovial mantiene silencio y no ha ofrecido una rueda de prensa sobre todo esto que está ocurriendo porque imaginamos que tanto sus asesores del ámbito de comunicación como sus abogados le habrán pedido a Rafael Del Pino máxima prudencia y no entrar en una pública polémica con el Gobierno. A sabiendas además de que estamos en campaña electoral.
De manera que son medios de comunicación conservadores y los medios independientes los que están asumiendo la denuncia de las críticas y las descalificaciones empresariales y personales que emanan del Gobierno, el PSOE y los partidos aliados de Sánchez en la legislatura, al tiempo que exigen el cumplimiento de la legalidad española y europea.
De una Unión Europea a cuya Comisión de Bruselas estamos seguros que ya ha llegado el caso de Ferrovial y estará sometido a un muy detallado y estricto seguimiento porque la libertad de ‘establecimiento’ en el territorio europeo de la empresas es un pilar esencial del Mercado Único de la UE.
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