Lilith Verstrynge: "Sería catastrófico no aprobar una ley de vivienda antes de las autonómicas y municipales"
Lilith Verstrynge (Madrid, 1992) asumió la Secretaría de Organización de Podemos hace menos de dos años. Un lapso de tiempo vertiginoso en el que, a la tarea de coordinar el partido por dentro y afianzarlo para el ciclo electoral, tuvo que sumar desde el pasado verano la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 por petición de su jefa, la ministra de Derechos Sociales y líder del partido, Ione Belarra. La 'número tres' de Podemos siente que la organización tiene "los deberes hechos" para la campaña infinita que ya ha comenzado y que se extenderá hasta las generales de diciembre.
Al mismo tiempo, detecta un clima de desapego y desencanto político al que considera que hay que dar respuesta a través de la unidad de las izquierdas. Y entiende que ese es el camino que han tomado Podemos e Izquierda Unida para las autonómicas y municipales del 28 de mayo, en las que confluirán en más sitios que nunca. "Ambas organizaciones hemos sido conscientes de que había un reclamo de unidad por parte de la militancia, el votante o la sociedad", explica. Verstrynge asegura que su formación va a seguir trabajando por esa unidad y afirma que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, está haciendo lo mismo para unir a todas las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE de cara a las generales. "Todos tenemos la voluntad de que haya unidad, de poder concurrir juntos", afirma.
Esa unidad será seguramente condición de posibilidad para repetir un Gobierno de coalición que ha sido capaz de aprobar medidas como una subida sin precedentes del salario mínimo interprofesional, el tope al gas para bajar la factura de la luz o sacar adelante normas como la ley trans, el aborto o el 'sólo sí es sí'. Verstrynge advierte en este punto al PSOE de que se pondrán enfrente de cualquier reforma de esa norma que toque el consentimiento y le pide que vuelva a la mesa de negociación para seguir cuidando la mayoría feminista y progresista del Congreso. Aunque descarta una ruptura del Gobierno si el PSOE mantiene el pulso, recuerda a su socio que la legislatura no ha acabado y admite que sería "catastrófico" que la ley de vivienda que se negocia en el Congreso no saliese aprobada antes de las elecciones de mayo.
Más allá de la tarea social pendiente, pide a su socio avanzar en una "profundización democrática" del Estado tras las nuevas informaciones publicadas esta semana sobre la guerra sucia contra Podemos. "Lo que parece evidente es que ya no es una persecución por parte de las cloacas del Estado, es una persecución por parte del Estado y hay que ver si se ha resuelto", sostiene.
Quedan menos de tres meses para las municipales y autonómicas. Es la primera gran cita electoral que afronta como secretaria de Organización de Podemos. ¿Cómo está el partido por dentro?
Hemos tenido ya dos experiencias electorales en Castilla y León y en Andalucía. El marco es similar. Esta es la primera cita electoral importante. Llevamos dos años y medio preparándonos. Más allá de que construir organización sea asentar el partido, institucionalizarlo, hacerlo fuerte y que todos los niveles estén conectados y funcionen bien, es evidente que también queríamos que ese trabajo repercutiese en estas elecciones.
Las afrontamos preparados. Hemos llegado a tiempo, con todos los deberes y las tareas hechas. Muchas veces esto es gracias al trabajo invisible y discreto y creo que ha dado sus frutos. Es una buena noticia que hayamos conseguido más acuerdos que nunca antes porque hay comunidades autónomas donde hasta ahora no se había podido pactar con Izquierda Unida, Alianza Verde, Equo, con Más País, que se están sumando a los acuerdos, así que es una buena noticia y significa que el trabajo ha estado bien hecho. Llegamos en las mejores condiciones.
¿A qué atribuye que se hayan alcanzado más acuerdos que nunca con Izquierda Unida?
Ha pasado que ambas organizaciones, al menos por la parte que me toca, por la parte de Organización de Podemos, hemos sido muy conscientes de que había un reclamo de unidad por parte de la militancia, el votante o la sociedad y que, por tanto, una de las principales tareas era mostrar que podíamos acordar en muy buenos términos. Nosotros lo llevamos en el ADN desde el principio. Somos la fuerza de izquierdas que ha tenido por principio primero siempre pactar con otras organizaciones políticas. Lo hemos demostrado en ayuntamientos del cambio, en gobiernos autonómicos y en el Gobierno estatal. Tenemos la tradición de pactar porque creemos que pactando con otras organizaciones podemos conseguir una propuesta política más ambiciosa y un mejor resultado electoral.
¿Cree que se va a cerrar alguna comunidad más en las próximas semanas?
Hay varias ahora mismo que están pendientes: Comunidad Valenciana, La Rioja, hay cierres de acuerdos pendientes en Castilla y León o Andalucía. Confío en que podamos cerrar todos los pactos posibles. Por nuestra parte, todo lo que pueda cerrarse va a cerrarse. Depende de la interlocución con otras fuerzas políticas, pero nuestra voluntad es cerrar lo más pronto posible.
En comunidades como Aragón o Asturias, las dos partes descartan el acuerdo. En esta última, el partido acaba de expulsar a su exsecretario general. ¿Por qué?
Esas comunidades donde no hemos podido cerrar un acuerdo son autonomías donde tradicionalmente la línea de Izquierda Unida es diferente a la federal. No está en nuestra mano. Ha sido una decisión de la dirección autonómica de IU. En el caso de Aragón, por lo que sé, aunque habría que preguntárselo a los compañeros allí, tiene que ver con una diferencia política. Unos consideran que hay que gobernar y para eso hay que poder pactar con el PSOE, que es lo que piensa nuestra organización. Por la parte de la dirección de IU allí hay otra lectura política: creen que el Gobierno no pasa por un pacto con el PSOE.
En Asturias voy a ser prudente. Voy a dejar a las direcciones que resuelvan la situación y cuenten lo que está pasando. Lo que hay es un proceso interno del Comité de Garantías que está resolviendo los expedientes. En esa situación estamos. En Asturias hay una candidatura autonómica que ganó las primarias, hay otras candidaturas municipales que ganaron también las primarias y a la vez una dirección autonómica que ganó la Asamblea General y que sigue dirigiendo.
Izquierda Unida aspiraba a forjar acuerdos más amplios en estas elecciones. ¿Era también su objetivo? ¿Por qué no se ha logrado de forma generalizada?
Donde no hemos logrado acuerdos más amplios ha sido porque las organizaciones en cuestión dijeron que no querían formar parte de esos posibles acuerdos. Nosotros llevamos desde el primer día, desde hace ocho años, tratando de llegar a acuerdos en todas partes, cuanto más amplios mejor. Hay organizaciones que se han sumado, como Alianza Verde o Equo, que son más pequeñas pero que suponen una novedad dentro de los acuerdos de coalición. Todo el que quiera acordar será bienvenido siempre y cuando consigamos un acuerdo justo en el que todas las partes estén a gusto y piensen que están bien representadas políticamente. Para nosotros eso era posible. Si hay alguna organización política que no lo ha visto así, ha sido decisión suya.
Más Madrid o Compromís, por ejemplo, no han querido entrar en los acuerdos con Podemos. ¿Lo ve como un mal precedente de cara a las generales?
Quien tendrá que trabajar por esa unidad, y me consta que está haciéndolo, es Yolanda Díaz. Nosotros vamos a seguir trabajando en ese sentido. Trabajamos por la unidad. Llevamos haciéndolo en los últimos dos años de manera más intensa porque somos conscientes de que el panorama político ha cambiado. En un contexto en el que la gente está muy desapegada de la política, con pocas ganas, muy desencantada, lo último que podemos hacer es pasarnos mucho tiempo hablando de nosotros mismos.
Cuanto antes pactemos, mejor sean las condiciones y más organizaciones políticas estén dentro de los acuerdos, mejor podremos ponernos y antes podremos ponernos a hablar de política. La voluntad es hacerlo cuanto antes, en autonómicas y municipales, también lo será en generales, lo fue en su momento con la mesa confederal, con Unidas Podemos, con el acuerdo con Izquierda Unida, los comuns y Alianza Verde.
¿Cómo avanzan las conversaciones con Yolanda Díaz de cara a la conformación de Sumar?
Nosotros vamos a seguir empujando por asegurar esa unidad. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano por llegar en las mejores condiciones nosotros para poder contribuir a esa unidad. Ahora estamos muy centrados en municipales y autonómicas porque es el paso previo y no es pequeña la tarea.
¿Qué condiciones son necesarias para que Podemos vaya con Sumar a las generales?
Es pronto para hablar de eso. Todos tenemos la voluntad de que haya unidad, de poder concurrir juntos. En cualquier caso, un acuerdo político, una negociación política tanto en autonómicas municipales como generales, se tiene que dar en los términos de un acuerdo justo. Y eso significa que todas las organizaciones estén contentas con el resultado que deriva de esa negociación y de ese acuerdo.
Ustedes han pedido públicamente a Yolanda Díaz que haga campaña por Podemos y Unidas Podemos en las generales. Imagino que se lo han trasladado también en privado. ¿Tienen ya una respuesta sobre qué va a hacer?
Nos gustaría que hiciese campaña también en autonómicas y municipales porque creemos que es una convocatoria importante. Es su decisión ver si lo hace o no.
¿Pero les ha trasladado una decisión?
Lo mismo que ha trasladado públicamente.
¿Creen que la polémica por la reforma de la ley del ‘sólo sí es sí’ está lastrando sus expectativas electorales para mayo?
Creo que hay una situación que lleva unas semanas abiertas por la ley del 'sólo sí es sí' que pasa por una diferencia de lectura política. Evidentemente hay una alarma social que se ha generado y que necesita respuestas. Nosotros dijimos desde el primer momento: "Vamos como Gobierno a dar respuesta a esa alarma social". Se pueden dar respuestas que no impliquen deteriorar, modificar la ley y en concreto el corazón de la ley que tiene que ver con el consentimiento. Si la respuesta a la alarma social pasa por volver al modelo anterior que generó alarma social en su momento, y las manifestaciones de la manada, por poner un ejemplo muy concreto, creemos que no es la solución.
La solución tiene que ser otra. Hay que preservar la esencia de la ley que era lo que deriva de esas manifestaciones en las que las mujeres salimos a la calle a decir que era una violación o a decir que algunos jueces estaban poniendo en duda la palabra de las mujeres y que se realizaba toda una especie de cuestionamiento probatorio por el que la mujer tenía que demostrar si había cerrado bien las piernas, si se había resistido lo suficiente, si tenía alguna marca en el cuerpo que evidenciase que había habido violencia.
Creemos que eso tiene que quedar atrás y esta ley lo deja atrás. Responder a la alarma social pasa por otras formas, otras propuestas, otras medidas y hemos hecho hasta seis para intentar solucionarlo. Esperamos que se vuelvan a sentar, llevamos ya días pidiendo que se vuelvan a sentar y que podamos solucionarlo lo antes posible no por una cuestión electoralista sino por una cuestión de responsabilidad como gobierno.
El PSOE, al menos públicamente, traslada que no van a ceder en su reforma, que irán con ella hasta el final. ¿Hay conversaciones formales o informales para alcanzar un acuerdo?
Si estamos pidiendo al socio de gobierno que se siente es porque el socio de gobierno no está sentado.
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha avanzado que van a votar ‘no’ a la toma en consideración este martes. ¿Creen a estas alturas, cuando faltan cuatro días para que se vote, que el PSOE puede volver a la mesa?
Vamos a intentarlo hasta el último momento, no vamos a tirar la toalla para alcanzar un acuerdo. Es lo que nos están pidiendo nuestros socios de investidura: que logremos un acuerdo en el seno del Gobierno que permita votar una norma por la mayoría feminista del Congreso. El PSOE conoce nuestras propuestas y nuestra disposición sigue siendo la misma.
Hasta hace unos días pedían no valorar escenarios mientras trabajaban por un acuerdo. ¿Qué ha cambiado para que hayan decidido pasar al ‘no’?
Llevamos semanas señalando cuál es nuestra línea roja: la vuelta al Código Penal de La Manada. La reforma que está planteando el PSOE, lamentablemente, supone una vuelta atrás que no podemos asumir. Seguimos dispuestas a agotar todo el tiempo que haga falta para modificar esa propuesta, pero cualquier cosa que saque el consentimiento del centro de la reforma penal, como ya hemos dicho muchas veces, nos va a encontrar enfrente.
¿Han hablado con los socios para consensuar el ‘no’? ¿Han tomado esta decisión tras constatar que les van a respaldar?
Existe una mayoría feminista en el Congreso que es la que ha permitido sacar adelante normas como la ley trans o la reforma de la ley del aborto. También la ley de solo sí es sí en su momento. Nuestra intención es cuidar esa mayoría y reeditarla. Es lo que estamos pidiendo al PSOE a través de un acuerdo en el Gobierno que no obligue a nuestros aliados a votar algo que no quieren votar. Si repasas las declaraciones de los principales portavoces en las últimas semanas, verás que han sido muy claros sobre este punto.
Sánchez ha restado importancia a esta decisión y ha dicho que comparten más cosas de las que les separan. ¿Creen que esto puede conducir a una ruptura del Gobierno?
Creo que este Gobierno ha sido muy bueno para nuestro país. Hemos logrado cosas que no se podrían haber alcanzado sin un gobierno de coalición. No es el primer conflicto que tenemos, aunque sí que es un conflicto grave. Sin embargo, aún nos queda una agenda legislativa que sacar adelante y que puede ser muy importante para las mayorías sociales de nuestro país. En lo que queda de legislatura vamos a centrarnos en esa agenda y en esas tareas.
En medio de esta polémica, Vox ha presentado una moción de censura contra el Gobierno. ¿Creen que la presidenta del Congreso debería facilitar que se celebre cuanto antes?
Para nosotros la moción de censura ahora mismo busca quitar el foco de las cuestiones esenciales y nos lleva a un modelo muy diferente del que nosotros defendemos ahora mismo. Es la moción de los bancos y los recortes en un momento dado y puntual de nuestro país. Es la moción de candidatos que proponen acuerdos bipartidistas con candidatos como [el exministro de Economía con Mariano Rajoy] Luis de Guindos y que, por tanto, nos referencian con la España que fue y ya no es. No podemos perder el tiempo en cuestiones como esta. Debemos de hablar de lo importante. Es lo que llevamos haciendo estos meses.
Desde hace unos cuantos meses llevamos planteando una batería de propuestas que tienen un objetivo final que es que el Gobierno gobierne e intervenga. Eso significa tanto en los precios de los alimentos, como en los de la electricidad, como en su momento con los presupuestos y el 60% de aumento en inversión social, pero también con los fondos de recuperación, con los ERTE, con el escudo social, con la subida del salario mínimo.
La propuesta es que el Gobierno gobierne y por lo tanto que el Gobierno intervenga. Eso significa que lo que no podemos hacer es monitorizar a la espera de ver cómo evolucionan los precios de los alimentos, o dedicarnos a cambiar de supermercados si los precios en Mercadona están más baratos que en Dia, sino que lo que hay que hacer ahora es que el Gobierno acompañe a sus ciudadanos. Esa es la prioridad allá de que Vox decida hacerle la carrera electoral al PP y el PP contribuya en su labor de oposición.
Lo importante tiene que ver con cuánto cuestan los alimentos a día de hoy, que han subido un 30%. El Gobierno tiene que ser valiente en esta cuestión porque a pesar de que la inflación lleva una tendencia a la baja puede ser que por los datos de la inflación subyacente esa tendencia en algún momento deje de ser a la baja. Hay que ser reactivos y para eso hay que topar o bonificar el precio de la cesta de la compra. Esa es la prioridad por encima de la moción de censura.
¿Por qué cree que el PSOE no acepta su propuesta para bajar los alimentos como sí hizo en su momento con el gas?
Tampoco fue tan receptivo con el tope al gas y luego lo abrazaron y fue una medida de vanguardia y de orgullo para el conjunto de la Unión Europea. No podemos esperar a que Europa decida por nosotros y es evidente que Mercadona y Dia no van a bajar los precios de los alimentos si no es obligados por ley. Eso es lo que tiene que hacer un Gobierno: gobernar, intervenir. Intervenir significa utilizar todas las herramientas en manos del Estado para poder solucionar y facilitarle la vida a la gente. Las hipotecas de tipo variable y la cesta de la compra son cuestiones que en el día a día la gente nota mucho en su bolsillo y por tanto lo que tiene que hacer el Gobierno es pensar una solución.
Lo mismo ocurre con la ley de vivienda. No puede ser, sería catastrófico que llegásemos a autonómicas y municipales sin una ley de vivienda aprobada. La ley tiene que ser eficaz. El problema de la vivienda no se resuelve alquilando locales vacíos porque pequeños comerciantes han quebrado y por tanto esos locales pueden rehabilitarse y convertirse en vivienda. Quien tiene que pagar el alquiler o una hipoteca sabe que el problema es mucho más profundo y le afecta a su bolsillo. Por tanto, la ley de vivienda tiene que ser eficaz y completa. Eso significa que tiene que solucionar el problema del derecho a la vivienda en nuestro país. Eso pasa por regular los precios del alquiler, pasa por ponerle fin a los desahucios de todo tipo, pasa por un parque de vivienda pública fuerte y por medidas que sean estructurales y no soluciones o parches.
Hace unas semanas, todas las partes involucradas en esta negociación trasladaban más optimismo que en los últimos días sobre un acuerdo. ¿Qué ha ocurrido entre medias?
Es verdad que la sensación es que hemos dado algunos pasos hacia atrás. Confío en que el Gobierno es consciente de que hasta el último día de legislatura quedan muchas cosas por aprobar y muchos derechos por adquirir y el de la vivienda es muy importante. Tendría que conseguirse antes de las autonómicas y municipales. Creo que sería un mal mensaje que no fuese así. La negociación continúa. Espero que el PSOE vea de la misma manera que nosotros que el tema de la vivienda es un tema central, un tema que su propio electorado les está reclamando.
¿Siguen chocando en el umbral para considerar a un propietario gran tenedor? ¿En la regulación de los precios de las nuevas viviendas que entran al mercado?
Hemos podido ver en las últimas horas las declaraciones de la señora Calviño [Nadia, ministra de Asuntos Económicos]. Tiene que ver con las zonas tensionadas y con el 3%. Nosotros consideramos que, más allá de la discusión técnica, lo que tiene que pasar es que el precio de los alquileres quede regulado. Lo que no puede seguir pasando es que haya gente joven en nuestro país que el 50% de lo que gana lo pueda destinar a pagar un piso. En muchas ocasiones ni siquiera un piso sino una habitación en un piso compartido. No es solo un problema que recaiga en la gente joven. El conjunto de las familias en nuestro país le dedican un porcentaje demasiado alto de sus salarios al alquiler de su vivienda o al pago de su hipoteca. Que el Estado tenga una función en cuanto a la vivienda es esencial, más aún después de una crisis económica y de una guerra. Es primordial.
Han aumentado en las últimas semanas la presión al Gobierno en diferentes temas: alimentos, hipotecas, vivienda… coincidiendo con el aniversario de la guerra han vuelto a marcar distancias con su posición sobre las negociaciones de paz, que es diferente a la del PSOE. ¿Va a aguantar la coalición esta presión en pleno año electoral?
No hay más tensión ahora que en el resto de la legislatura. Si te fijas, muchas de las propuestas que estamos poniendo encima de la mesa, como la limitación de los precios de los alimentos, son medidas que llevamos proponiendo muchos meses. Incluso algunas de estas medidas estaban en el acuerdo de coalición. Creo que forma parte de la novedosa tradición de un Gobierno de coalición que haya ciertos debates que ya no se ven en despachos cerrados o dentro del Consejo de Ministros. Creo que es sano democráticamente que haya cosas que se hablen en el ágora pública, en la esfera pública.
Cuando hay dos organizaciones políticas, con dos programas electorales diferentes, aun con un acuerdo firmado que en muchas ocasiones cuesta hacer cumplir, es evidente que esas dos organizaciones van a tener que hacer públicos sus posicionamientos. Siempre que haya alguna diferencia a la hora de poner en marcha alguna medida o ley tendrá que ponerse en marcha ese debate para que los españoles puedan decir: "Bueno, lo que propone Podemos es una ley de vivienda, el PSOE tiene dudas sobre si quiere regular el precio del alquiler". Es sano, democrático y forma parte de esa tradición del Gobierno de coalición.
Pero, al menos desde fuera, da la sensación de que asuntos como la ley del 'sólo sí es sí' han tensionado al Gobierno más que nunca hasta ahora.
Hay una expresión que hemos utilizado: el Gobierno tiene la misma mala salud de hierro de siempre. Pensamos que todo tiene que tener solución a nivel de Gobierno, desde la ley del ‘solo sí es sí’, hasta la cesta de la compra. Es evidente si comparamos cuestiones que fueron polémicas hace unos meses y de las que ahora el PSOE y el conjunto del Gobierno sacan pecho.
Siempre hay una secuencia parecida. Primero es una medida que económicamente o técnicamente está mal planteada y luego es solvente y es eficaz; en segundo lugar se dice que Europa no permite que se ponga en marcha y luego se demuestra que coloca a nuestro país a la vanguardia y es una buena decisión que nos adelantemos en momentos puntuales en Europa; luego aparece en algún momento la patronal, [su presidente, Antonio] Garamendi nos llama populistas y después se demuestra que no hunden el país sino que lo que hacen es proteger a la gente. Eso forma parte de un debate democrático dentro del Gobierno. Nosotros pensamos demostrar que dentro de ese debate y esa escenificación se consigue lo que se propone y que funciona.
Desde el nacimiento de Podemos y sobre todo desde que hubo en 2015 posibilidades reales de gobernar con el PSOE se ha dado el mismo debate dentro de la izquierda sobre si compensaba o no entrar en un Gobierno de coalición. Han pasado tres años de legislatura, en plena precampaña está prácticamente agotada y parece pertinente hacer un balance sobre esa pregunta. ¿Le ha compensado a Podemos, a Unidas Podemos, gobernar con el PSOE?
No lo leemos en términos de si nos compensa o no a nosotros sino en términos de si le compensa al país. Sin un Gobierno de coalición en el que hubiese estado Unidas Podemos aún como socio minoritario nunca hubiese habido leyes como la de eutanasia, la de cambio climático, la ley 'sólo sí es sí', la ley trans, el tope al gas, espero que pronto la ley de vivienda o la limitación de los precios de los alimentos. Desde luego la gestión de la crisis derivada de la guerra no hubiese tenido nada que ver con la gestión que hemos hecho. La economía ha crecido un 5,5% y la inflación se ha controlado gracias a medidas que ha puesto en marcha el Gobierno. De aquí al último día de este Gobierno de coalición o de legislatura, el Gobierno tiene todavía tarea pendiente por hacer.
La reflexión se puede seguir haciendo al margen de que haya servido para mejorar el país. ¿No sienten que en algunos casos pierden la maternidad de algunas medidas, que el PSOE se apropia de asuntos como el tope al gas y que eso les puede perjudicar a nivel electoral?
Consideramos que somos condición de posibilidad de que un gobierno progresista sea lo más progresista posible. Creo que es evidente y se ha visto en estos años de Gobierno. Cuando Podemos ha estado en el Gobierno y ha dicho o ha señalado el camino que creía que había que seguir, en muchas ocasiones tomándole la delantera al Partido Socialista, finalmente el PSOE ha abrazado esas medidas. Creo que es la mejor noticia que podemos tener y creo que es visible a los ojos del votante. No es difícil darse cuenta de que la condición de posibilidad de que un Gobierno sea muy progresista es que Podemos esté en el Gobierno.
Esta semana se han publicado más informaciones sobre la guerra sucia contra Podemos por parte de las cloacas. En 2016, mientras había conversaciones para negociar ese gobierno de coalición que no salió, un alto cargo de Interior lamentaba que la brigada política del Ministerio no hubiese encontrado antecedentes a miembros de su formación.
Por las noticias recientes que hemos visto, no solo en concreto con lo que tiene que ver con la persecución por parte de miembros de Interior, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como también medios de comunicación, creo que es evidente que Podemos llegó con la idea de acabar con la corrupción y con la falta de transparencia a nivel interno y democrático en nuestro país. Queda mucho por hacer y creo que por eso sigue siendo importante que estemos. Y creo que lo que parece evidente es que ya no es una persecución por parte de las cloacas del Estado, es una persecución por parte del Estado y hay que ver si esa situación se ha resuelto. Cuáles son los mecanismos por parte del Estado para que esto no vuelva a pasar.
¿Qué van a hacer para que no vuelva a pasar?
Vamos a proponer que haya todos los avances posibles. Más allá de la tarea social que tiene el Gobierno de coalición hay una tarea de profundización democrática que todavía está muy pendiente y que tiene que ver con la corrupción y con la transparencia y que tiene que ver con los pilares de este Gobierno. Habrá que ponerse en marcha.