Cédulas vencidas y atención en CCSS: criterios de abogado, Conapam y Registro Civil

Dos mujeres, una de 42 años y otra de 99 años, no fueron atendidas por caducidad de documento de identificación.

Con diez días de diferencia, María José Herrera Díaz, de 42 años, y Odilíe Moya Selva, de 99 años, fueron rechazadas en Ebáis de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por tener sus cédulas de identidad vencidas.

Estos dos casos, publicados por La Nación, fueron analizados por varios expertos; entre ellos, el abogado constitucionalista Rubén Hernández Valle, para quien este tipo de situaciones en la CCSS representan “restricciones totalmente irrazonables” en el ejercicio de un derecho fundamental como lo es el derecho a la salud.

Recordemos brevemente las dos historias:

María José Herrera Mora se presentó a emergencias de la Clínica Jorge Volio, en San Joaquín de Flores, Heredia, con síntomas sospechosos de covid-19, el 10 de febrero. Salió sin atención ni medicamentos porque su cédula tenía diez días de vencida.

Una semana después, seguía sin recibir medicamentos porque su situación de salud no le permitió cumplir inmediatamente la recomendación del médico de emergencias: ir primero al Registro Civil a renovar la cédula y después regresar para continuar la consulta.

En este caso, la CCSS remitió a una circular del 2022 donde se le recuerda a los funcionarios que los asegurados deben presentar documentos de identidad vigentes para su atención. A los pacientes se les hace una valoración para ver si su caso es una emergencia o urgencia. Si no lo es, deben resolver el trámite administrativo primero.

Odilíe Moya Selva acudió a cita presencial el lunes 20 de febrero, al Ebáis 3 de San Rafael de La Unión, en Cartago, con una infección urinaria en evolución. Tampoco fue atendida porque su cédula había vencido el 31 de enero del 2021.

Sus hijos publicaron el caso en redes sociales, y la CCSS los llamó un día después para que regresaran con la señora a consulta. Esa vez, fue atendida con su cédula vencida.

La CCSS asegura haber tomado medidas para que una situación así no se vuelva a presentar pues hay normas institucionales para garantizar la atención a los adultos mayores.

Lo que dice un constitucionalista

Rubén Hernández Valle, especialista en Derecho Constitucional, explica que tanto en la Constitución Política de Costa Rica como en la Convención Americana de Derechos Humanos hay normas que establecen que la restricción al ejercicio de los derechos fundamentales solo puede hacerse por ley.

“Sobre el tema hay abundante jurisprudencia de la Sala (IV, o Sala Constitucional) en el mismo sentido. Me refiero a los artículos 28 de la Constitución y al 30 de la Convención Americana. Ahí se dice clarísimamente que la restricción de los derechos solo se puede hacer por vía legal. En este caso, supongo, se estableció por una directriz porque eso no está en ninguna ley. Por ahí ya sería inconstitucional e ilegítimo.

“En segundo lugar, se trata de una restricción totalmente irrazonable porque está restringiendo el ejercicio de un derecho fundamental del ser humano, que es el derecho de atención a la salud. Después del derecho a la vida este es uno de los derechos más importantes. (La CCSS) viola el principio de razonabilidad al establecer una restricción al ejercicio de este derecho”, advirtió Hernández.

Sin muchos rodeos, el abogado considera que, desde el punto de vista práctico, la medida de la CCSS “es una tontería”.

“Me parece que sí es una barbaridad y una arbitrariedad porque no tiene ningún fundamento jurídico, y luego porque toca una cuestión de sentido común.

“No tiene ningún sentido. Se tiene que seguir toda la cadena de atención. En las instituciones públicas a la gente hay que ponerla a hacer algo para justificar el salario. Es un intento de burocracia y de trámite innecesario. Terminan inventando nuevos procedimientos para justificar que haya personas ejerciendo esta actividad”, opinó el jurista.

Para Hernández, el único sentido de la fecha de vencimiento en la cédula de identidad es actualizar la foto de la persona.

Los perjudicados, dijo Hernández, podrían interponer un recurso de amparo para condenar a la CCSS al pago de daños y perjuicios. En ambos casos, dijo, hay una gran cantidad de elementos para buscar ese cobro.

“Si venía de lejos, si pagó pasajes... todo eso se cobra. O bien que le pasaron la consulta un año, y en el ínterin la señora se enfermó gravemente. Además, hay un daño moral”, agregó.

Desde el Conapam

La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), Emilia Mora, explicó que hay varias leyes que garantizan la protección de todos sus derechos a esta población; en especial, la salud.

Cita las siguientes:

• La Ley integral para la persona adulta mayor (número 7935) que, en su artículo 8 establece beneficios para esta población al presentar su documento de identidad vigente. En su artículo 3 (inciso f), además, reconoce el derecho “a la atención hospitalaria inmediata, de emergencia, preventiva, clínica y de rehabilitación”.
• La Constitución Política. El artículo 51, dice, le garantiza a los adultos mayores la protección del Estado.
• El decreto ejecutivo 39973, del 12 octubre del 2016, que es la ratificación de Costa Rica a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Entre otros aspectos, esta Convención facilita el cumplimiento de leyes y programas de prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra la persona mayor, y la necesidad de contar con mecanismos nacionales que protejan sus derechos humanos y libertades fundamentales.

“La CCSS pudo haber verificado esa información por diferentes medios. Si la persona adulta mayor contaba con cédula, aunque sea vencida, pudieron haber corroborado la identidad: reviso la foto, reviso la persona, confirmo con el familiar que la acompaña y oriento a la familia para que lo actualicen, pero no le niego la atención.

“Además, la señora probablemente ha tenido control en ese Ebáis gran parte de su vida, tiene expediente de salud y ha asistido a atención regular. Ahí no quedaría tanta duda de la identidad de la persona adulta mayor”, dijo Mora.

La directora ejecutiva de Conapam aclaró que un adulto mayor extranjero sí podría enfrentar más requisitos para renovar el documento, pero si la persona tiene un quebranto de salud no debería dejar de ser atendida.

“Probablemente, si la persona pierde su cita, la próxima no se le agendará en un corto tiempo porque la demanda de los servicios en la CCSS es alta. No atender a una persona adulta mayor en la fecha de su cita va a representar un atraso significativo en su salud”, agregó Mora.

La funcionaria prometió un acercamiento con la CCSS para recordar el tema de la ley y buscar un acuerdo que favorezca la atención de las personas adultas mayores en los servicios de salud.

¿Qué dice el Registro Civil?

Al secretario general del Registro Civil, Nicolás Prado Hidalgo, le preguntamos cómo pueden entender las personas el periodo de vencimiento de su cédula de identidad, y si hay alguna dispensa especial para grupos específicos o en situaciones excepcionales.

Prado cita el artículo 94 de la Ley orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones, que textualmente dice lo siguiente:

Término de validez de la cédula de identidad. El término de validez de la cédula de identidad será de diez años a partir de la fecha de su emisión. Transcurrido ese término, se considerará vencida y caduca para todo efecto legal y, de oficio, se cancelará la inscripción del ciudadano como elector.

Sin embargo, cuando los diez años referidos se cumplan dentro del término de doce meses anteriores a la fecha de una elección, la cédula de identidad y la inscripción del ciudadano como elector permanecerán válidas, en todos sus efectos hasta el día de la elección inclusive.

Es importante que la ciudadanía tenga en cuenta lo siguiente, advierte Prado:

• Tener presente el dato de la fecha de vencimiento porque la cédula es un documento que se usa para muchos trámites ordinarios de un ciudadano: actos notariales, trámites judiciales, para renovar o sacar pasaporte y licencia, para citar algunos.
• La única excepción que se establece actualmente para el vencimiento es la que apunta el artículo 94 de la ley citada arriba.
• Para personas con discapacidad, adultas mayores, o quienes por una enfermedad o condición limitante se les dificulte ir a las oficinas del Registro Civil o a sus sedes regionales, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dispone de un servicio a domicilio que se puede solicitar al teléfono 2287-5520. En un plazo de ocho a diez días, en promedio, se resuelve el trámite de renovación, aseguró Prado.