Glovo rebaja los despidos a 140, la mayoría en Barcelona, tras pactar el ERE
La cooperativa de abogados Colectivo Ronda, representante de una parte mayoritaria de los trabajadores, ha asegurado este jueves en un comunicado que la plantilla de Glovo ha ratificado el acuerdo alcanzado con la dirección de la multinacional.
Las dos partes "han acordado no informar de los importes ni de los términos de las indemnizaciones previstas", aunque el abogado del Colectivo Ronda Natxo Parra ha calificado de "digno y satisfactorio" el acuerdo económico. "En esta negociación existía la dificultad añadida de que las extinciones afectaban a personas que, en su inmensa mayoría, tenían muy poca antigüedad de la empresa, en algunos casos de tan sólo unos pocos meses", ha apuntado el abogado.
Rebaja de los despidos
La empresa de reparto a domicilio anunció el pasado 30 de enero su intención de despedir a 250 trabajadores, el 6,5% de la plantilla, con especial incidencia en las oficinas de Barcelona, donde tiene la sede, aunque luego presentó un ERE para 147 personas, que se ha podido reducir a 140 durante la negociación con la parte social. La mayoría de los despidos se concentran en la sede de la compañía en Barcelona, inaugurada el pasado noviembre, en áreas como las de apoyo comercial, contratación y datos.
El consejero delegado de la firma, Oscar Pierre, justificó los despidos por la "ineficiencia" de algunos departamentos y la desaceleración en el crecimiento en algunos mercados, según una carta que hizo llegar a los trabajadores. La compañía cerró 2022 con unas pérdidas brutas de 304 millones de euros, aunque la dirección ha expresado su confianza en conseguir ya este año un resultado económico positivo, que sería el primero desde su fundación, hace ahora 8 años.
Los malos resultados de la compañía se suman a las numerosas y cuantiosas sanciones por usar "riders" falsos autónomos. La última de ellas se produjo hace unos días en Andalucía, donde la Inspección de Trabajo ha regularizado a 3.060 repartidores que trabajaban como falsos autónomos, aunque esta acción deriva de denuncias previas a la entrada en vigor de la Ley Rider (aplicada desde agosto de 2021).
La compañía de las mochilas amarillas acumula 205,3 millones en multas, de los que 125,3 millones corresponden a actas de infracciones y 80 millones de euros a actas de liquidación. En total, los trabajadores afectados por incumplimientos de la plataforma de reparto ascienden a 40.408, si bien todas estas sanciones están relacionadas con procesos anteriores a la entrada en vigor de la citada ley.
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