La Justicia para todos comienza por que te entiendan en el juzgado
El acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual en igualdad de condiciones es un Derecho Humano. Está reconocido en el Artículo 12 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.
Pero, aunque en los últimos años se han aprobado reformas para hacer más accesibles los trámites judiciales, las fórmulas para facilitar desenvolverse en la tantas veces llamada maraña judicial quedan muchas veces a la sombra. Si no se usa el recurso es casi como si no existiese. ¿Ejemplos? Podríamos hablar del facilitador.
Un sistema policial y judicial que no se adecuaba a su condición provocaba que el acceso a la justicia de los discapacitados intelectuales fuese defectuoso, según cuentan en la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI). Este equipo, que depende de la Fundación A la par, trabaja hoy dando apoyo a las personas con discapacidad intelectual y en coordinación con todos los agentes jurídicos y de protección.
La UAVDI nació para superar el daño derivado del abuso y acceder al sistema en condiciones igualitarias, cuentan. En 2010 recibió una propuesta de la mano de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado para andar ese camino. "Querían mejorar las entrevistas de cara a tomar declaración a las personas con discapacidad intelectual. Vimos una necesidad y lo hicimos", afirma Israel Berenguer, director de la UAVDI. Así, surgió la figura del facilitador.
El cometido del facilitador es implementar los apoyos a las personas con discapacidad en el proceso penal. "Éramos conscientes de la situación, pero no tanto del grado. A medida que se fue trabajando se fue destapando la realidad", cuenta Israel, que además de dirigir la fundación también ejerce de facilitador.
Los facilitadores trabajan para asegurar que exista una comunicación eficaz durante los procedimientos judiciales, pero "no son intérpretes", afirma Berenguer. "El facilitador aprende cómo se comunica un discapacitado y estudia sus limitaciones para poder insertar los apoyos necesarios", añade. Su fin es evaluar las capacidades y limitaciones de las personas con discapacidad intelectual participantes en procedimientos judiciales, a fin de diseñar e implementar los apoyos y ajustes de procedimiento necesarios.
Son psicólogos expertos en discapacidad y en psicología forense y, según aportan desde UAVDI, sin su presencia "un 40% de los casos se archivan". En cambio, si se solicitan sus servicios, "se valoran adecuadamente las limitaciones y se archivan solo el 6%".
Esta situación ya brotó cuando, en 2013, la organización Plena inclusión España (entonces llamada FEAPS) publicó el informe Las personas con discapacidad intelectual ante los procesos penales, en el que se pretendía estudiar el impacto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ordenamiento jurídico penal español. También en 2016 la Asociación Española de Fundaciones Tutelares publicó otro trabajo sobre la falta de accesibilidad a la justicia.
Estos informes concluían que las personas con discapacidad intelectual "apenas recibieron información sobre lo que iba a ocurrir y, si la tuvieron, no la comprendieron; se sintieron ajenos al proceso en el acto de la vista y no comprendieron los tecnicismos utilizados".
Ahora, la figura del profesional experto facilitador está reconocida en la Ley 8/2021 del 2 de junio. En ella se reconoce que en los procesos que participen personas con discapacidad, se deben realizar las adaptaciones y ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos.
Para la UAVDI, la vocación de universalizar el facilitador "requerirá de la máxima cooperación y sensibilidad de los profesionales y los poderes públicos responsables". De hecho, desde 2010, han crecido exponencialmente en cuanto a personal formado y casos atendidos, pero Berenguer considera que aún hay un gran desconocimiento de la figura del facilitador "dentro y fuera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los operadores jurídicos".
Aunque hasta 2022 la UAVDI ha registrado un total de 262 casos tratados, consideran que todavía se está empezando a conocer a los facilitadores y la situación que sufren los discapacitados intelectuales en los procesos judiciales. De hecho, Berenguer cuenta cómo ahora son los propios jueces o policías los que solicitan su ayuda: "Les damos más elementos que facilitan su trabajo". Aún así, son conscientes de que el facilitador es aún una figura desconocida, por lo que "hay que llamar a la puerta, demostrar que funciona y lucharlo", concluye Berenguer.