A propósito de “okupas”
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
El artículo 47 de la Constitución es bastante explícito: Todos los españoles tienen derecho a una vivienda y los poderes públicos impedirán la especulación. Fin de la cita. Nada que añadir, si no fuera porque no se cumple ni lo uno ni lo otro. Un derecho puede ser constitucional pero no real y algunas Administraciones públicas, lejos de poner coto a la voracidad urbanística y evitar los pelotazos inmobiliarios, los han fomentado e incluso beneficiado de todo ello.
Anda estos días la derecha tan revuelta con la inminente aprobación de la ley de vivienda que en lugar de reprochar al Gobierno que haya aprovechado la campaña electoral para desempolvar el texto y anunciar la movilización de recursos públicos para la construcción de promociones públicas, se ha dedicado a vaticinar ya los supuestos efectos indeseados de la norma: subida de los precios y aumento de la okupación.
Con ustedes, uno de los bulos favoritos de la derecha y la ultraderecha. Ya saben aquello de que en España un ciudadano cualquiera puede irse de vacaciones y cuando vuelve, “Podemos le ha dado la vivienda a sus amigos okupas”. Lo dijo Ayuso. Y basta que lo diga la presidenta madrileña para que los medios amigos lo conviertan en tema de portada, de tertulias televisivas y de reportajes denuncia. Es una forma como otra cualquiera de llevar el asunto al centro de la agenda pública para generar alarma social. Da igual que los datos no acompañen y desmientan un relato falso.
La presidenta de la Comunidad de Madrid puso en marcha en junio de 2022 un teléfono gratuito contra la oKupación de bienes inmuebles porque, según consta en su página web, “constituye un fenómeno que genera una gran preocupación social y una innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía”. Recordaba también que la ocupación es una conducta que atenta contra dos derechos fundamentales de las personas y como tal, objeto de especial protección por nuestra Constitución (CE): la inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2 CE) y el derecho a la libertad y a la seguridad (artículo 17 CE), además de suponer una violación del derecho a la propiedad privada (artículo 33 CE). En sus primeros seis meses de funcionamiento, el servicio apenas registró seis consultas al día, lo que demuestra el desbordante interés que suscitó el teléfono antiokupación entre los madrileños alarmados por la okupación de su vivienda.
Sobre el asunto se acumulan bulos, mentiras, medias verdades y discursos políticos interesados, como demuestra el último informe de la Fiscalía General del Estado, que revela que en 2021 se incoaron 9.739 procedimientos judiciales por usurpación de viviendas, solo nueve más que en 2020.
Se denomina informalmente ocupación a lo que la justicia considera usurpación, un delito leve que consiste en entrar de forma ilegal en un inmueble deshabitado sin consentimiento de los propietarios con el fin de convertirlo en residencia. El allanamiento, en cambio, se refiere a la entrada en el domicilio habitual de una persona y es un delito grave con penas de prisión de seis meses a dos años, pudiendo llegar hasta cuatro años si media violencia o intimidación.
Tras una denuncia por allanamiento, con independencia de lo que se dilate el procedimiento judicial, la Policía puede desalojar al intruso en pocas horas. La usurpación tarda más tiempo en resolverse porque suele estar asociada a viviendas o locales vacíos que pertenecen a bancos o fondos buitre. Y he aquí el aspecto nuclear del debate: la premeditada insistencia política y mediática en confundir allanamiento con okupación sin explicar que en muchos casos, la okupación ilegal de viviendas es la última alternativa de personas desahuciadas en situación de vulnerabilidad o de arrendatarios de viviendas sociales que algunas administraciones vendieron a fondos buitre a precio de saldo y éstas, después, subieron desorbitadamente la renta a sus inquilinos.
Jueces, fiscales e institutos públicos coinciden en que la mayor parte son personas vulnerables y no integrantes de una organización criminal, como pretenden trasladar a la opinión pública la derecha y la ultraderecha españolas. Familias, sobre todo, a las que las Administraciones no han dado una alternativa social.
El problema no es tanto legal como social y económico. Y eso es lo que precisamente pretende solucionar -aunque tarde, sí, y como reclamo electoral, también- la nueva Ley de Vivienda, la movilización de las 50.000 casas del SAREB y la construcción pública de otras 43.000 anunciadas por el gobierno.
Hace décadas la okupación era una actividad reivindicativa, hoy minoritaria. En 2023, hablamos de otra cosa: de vulnerabilidad, de desigualdad, de desahucios de familias que no pueden hacer frente a los alquileres o las hipotecas por falta de recursos y de españoles que viven en precario sin trabajo o con sueldos muy bajos. Pero, el PP, al abrazar el discurso de VOX, ya ha sentenciado que la ley de vivienda será derogada si vuelve al Gobierno porque es “un chollo para los okupas”.
Sobra populismo y falta sensibilidad.