Las cotizaciones de los funcionarios sólo cubren el 30% del coste de sus pensiones de jubilación

La participación de los impuestos en la cobertura anual del gasto en pensiones es cada vez mayor y más habitual ante el incremento exponencial de la factura experimentada en los últimos años. Como consecuencia de las revalorizaciones aplicadas sobre las nóminas de los 9,1 millones de pensionistas, pasando por la subida histórica del 8,5% fijada para este año, la necesidad de recursos extra para poder hacer frente a las obligaciones de pago de la Seguridad Social son cada vez mayores. Pero en el caso de los funcionarios de las clases pasivas esta circunstancia se agrava por la merma progresiva de los trabajadores en ciertos niveles de la Administración General del Estado, lo que está provocando que la brecha existente entre las aportaciones que realiza el colectivo en forma de cotizaciones y el gasto que asume el Estado en sus pensiones sea cada vez mayor. Hasta el punto de que, en 2023, las cuotas abonadas por los funcionarios y sus empleadores (las distintas administraciones públicas) sólo llegan a cubrir el 30% del coste anual de las prestaciones abonadas a los jubilados de este colectivo. Es decir, las transferencias extraordinarias del Estado cubren siete de cada diez euros de la nómina de pensiones de las clases pasivas. Noticias Relacionadas estandar Si La hostelería tantea al Gobierno para adherir a sus 1,9 millones de trabajadores al fondo público de pensiones Gonzalo D. Velarde estandar Si El aumento del gasto en pensiones forzará al futuro Gobierno a tomar medidas ya en 2025 Gonzalo D. Velarde Concretamente, analizando el quinquenio transcurrido entre 2019 y 2023 –ambos años incluidos– se observa como el coste anual de las pensiones de los funcionarios se ha incrementado un 15% hasta los 18.176 millones de factura para este ejercicio. Paralelamente, la aportación extra del Estado –procedente de los recursos del Presupuesto General, es decir, la recaudación tributaria– se ha incrementado en un 48%, hasta alcanzar los 12.400 millones , equivalente a casi un punto del PIB. Técnicamente, esa transferencia es el déficit contributivo del sistema de pensiones de Clases Pasivas. Código Desktop Imagen para móvil, amp y app Código móvil Código AMP 1320 Código APP Y el panorama no vaticina una mejora del saldo negativo en los próximos años. El Ejecutivo parece decidido a mantener una senda de revalorizaciones con el IPC que añadirá cerca de 3 puntos porcentuales de PIB a la factura de las pensiones (unos 40.000 millones de euros) al tiempo que este colectivo merma sus aportaciones precisamente por la mengua de la plantilla pública en ciertos a causa de las jubilaciones, ahora concentradas en la cohorte del 'baby boom'. De hecho, mientras que en 2019 las cotizaciones de los trabajadores y de sus empleadores sumaban cerca de 7.400 millones de euros estas aportaciones se han reducido en este último lustro un 21% hasta los 5.800 millones en 2023. Presión presupuestaria Esta mengua también viene determinada por el hecho de que el régimen de clases pasivas lleva más de una década cerrado a nuevos entrantes, por lo que sus ingresos por cotizaciones reales e imputadas van disminuyendo con el paso del tiempo según se reducen sus efectivos. «Lo mismo sucederá en el futuro con su gasto en pensiones, pero por el momento esta partida todavía está creciendo a buen ritmo debido al rápido aumento en años recientes de las jubilaciones de funcionarios adscritos al sistema, presionando al alza la contribución adicional del Estado», explica en un reciente documento el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente . MÁS INFORMACIÓN Los trabajadores podrán rescatar los ahorros del fondo público de pensiones a los diez años Escrivá permitirá destinar los ahorros del fondo público de pensiones a inversiones de riesgo «Este desequilibrio entre ingresos por cuotas y gasto en pensiones aumentará durante los próximos años, y conviene recordar que las obligaciones en pensiones se extenderán hasta 2060», señala el investigador asociado de Fedea y profesor de economía aplicada en la URJC, Miguel Ángel García , en un reciente análisis en el que apunta a la conveniencia de que el sistema público de pensiones se observe como suma del sistema de la Seguridad Social y del régimen de clases pasivas, «porque en última instancia es el saldo de los dos el que incide en la composición y saldo de las cuentas públicas españolas». Cabe recordar que la Seguridad Social no desglosa el sistema de clases pasivas en la nómina de pensiones, siendo 695.366 los actuales beneficiarios con un coste mensual de 1.460 millones de euros.